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“Ni notarios ni alcaldes deberían autorizar matrimonios de adolescentes”

Magistrado especializado de Niñez y Adolescencia considera que hay una legislación sobre matrimonio infantil “hipócrita” y con “doble moral”.
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El magistrado de la Cámara Especializada para la Niñez y la Adolescencia, Álex Marroquín, cree que existe un grave problema en el abordaje del fenómeno de la violencia sexual y los matrimonio de menores de edad. Según el magistrado especializado, El Salvador está estancado en un modelo que ve a la niñez como “objetos”, que hay que proteger y no como personas, tal como lo establece la Convención sobre los Derechos del Niño que El Salvador ratificó.

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Marroquín dice que la sociedad salvadoreña está atrapada en un sistema patriarcal y que existe una doble moral en la legislación nacional que protege a los niños. El juez recuerda a la Fiscalía General de la República (FGR) el daño que le ha hecho al país el énfasis punitivo en casos de familia y la necesidad de valorar caso por caso. También critica que sus colegas no tengan la voluntad de resolver de acuerdo con tratados internacionales.

El funcionario cree que en El Salvador se ratifican los tratados por presiones internacionales y no por convicción de seguir lo que estos mandan. Además, critica el rol del Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia (CONNA) porque, a su juicio, es un ente pasivo.

El Código de Familia permite el matrimonio de menores de edad; los tratados internacionales, no. ¿Cómo evalúa esta situación?

Soy de la opinión de que la legislación penal que tenemos sobre niñez y adolescencia tiene rasgos tutelares. El modelo tutelar invisibiliza a la niñez y adolescencia. No los considera con derecho, eran objetos de protección, no titulares de derecho. El modelo de protección integral que inaugura la convención, y que desde el año 1990 es ley de la república en El Salvador, es la tesis contraria: el niño es persona, tiene derechos, tiene participación, debe opinar en todo los asuntos que lo afectan. El Salvador desde 1990 suscribió la convención, a esta fecha no ha cumplido con su obligación de adecuar su ordenamiento a los lineamientos de la convención. Vea usted la hipocresía y la doble moral que hay en la legislación salvadoreña: el Código Penal cierra la posibilidad de afirmar que los adolescentes pueden tener relaciones sexuales sin que alguien les esté restringiendo el derecho, pero el Código de Familia establece un salvoconducto, porque dice que es posible cuando tienen un hijo en común. Ninguna de las dos legislaciones está adecuada.

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Ni notarios ni alcaldes deberían autorizar matrimonios de adolescentes. Dicen que el Código de Familia lo autoriza, no es cierto, porque hay una norma superior que es la Convención sobre los Derechos del Niño que de su contexto podemos deducir que no permite esto.

¿Por qué cree que hay jueces que siguen avalando esto?

Es una visión patriarcal. La legislación de Familia permite casarse cuando hay un hijo porque busca la forma de salvar el honor de esa mujer, esa forma es casándose. Eso es contraproducente con el nuevo modelo. Estamos supeditando el honor de la mujer en un modo concreto de constituir familia. Eso no es válido. Modernamente el matrimonio no es la única ni la mejor forma de constituir familia, es una forma. Lo que pasa es que hemos tenido una visión religiosa que creemos que el matrimonio es la única forma de constituir familia. Hay elementos patriarcales tradicionales del papel de la mujer que permean estos conceptos.

¿Por qué no logran consenso ustedes los jueces en esto?

Acá parece que es una moda cuando vamos a ratificar un tratado, pareciera que es por presiones internacionales, y no por la convicción política de implementar esos tratados. Llevamos 27 años de tener a la convención como ley de la república, no encontrará, me arriesgo, una sentencia que desarrolle los contenidos de la convención en temas de niñez. Acá tenemos una visión punitivista, acá todo es cárcel, y está demostrado históricamente que el Derecho Penal no es el mecanismo más adecuado para resolver controversias en las familias.

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Como está planteada la legislación penal generaliza, parece que todo es delito, eso no puede ser. El tema, porque hay respuesta en términos penales, es que se anulan las posibilidades de analizar el problema de manera estructural. Pero, es cierto que hay situaciones que hay ir caso por caso, o podemos tomar un criterio genérico en esto, decir que toda relación sexual adolescente es delito o que no. Hay que ir caso por caso. El fiscal debe proveer la investigación si lo que sucedió se configura como delito, pero eso no pasa.

¿Qué se puede hacer desde su jurisdicción?

Mucho. Yo en esto soy una voz bastante discordante en el sistema, seguimos enfrentando problemas serios para cumplir con lo que nos dice la LEPINA y la convención. Tenemos omisiones muy graves. El CONNA ya hubiese trabajado la posibilidad, por ejemplo, para institucionalizar programas educativos de salud sexual y reproductiva. Ya se hubiera trabajado desde el CONNA una moción para eliminar expresamente esas normas del Código de Familia que permiten el matrimonio adolescente

En las omisiones del sistema de justicia, ¿hay responsabilidad del Consejo de la Judicatura y de la Corte?

Por supuesto que ahí sí hay responsabilidad de la CSJ y CNJ. A escala general, diría yo, hay una deficiencia en el nivel del control de los perfiles de los jueces. Si usted no tiene esa información y usted sucumbe ante la evidencia. Se desnaturaliza la figura matrimonial y se convierte en un mecanismo de impunidad. Se dice: “La embaracé y la pena es casarse”, pero, hombre, eso es desnaturalizar la figura del matrimonio.
 

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