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Niñas y mujeres adultas, las principales víctimas de desplazamiento

Datos de Cristosal, una ONG que atiende a desplazados por la violencia, revelan un incremento del 53 % de víctimas en 2017.
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Desplazamiento forzado en 2017

Desplazamiento forzado en 2017

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Érica Pérez (nombre cambiado) tenía 17 año cuando desapareció por 24 horas el año pasado. Mientras su familia la buscaba en la colonia de San Salvador donde residía, en todos los lugares que frecuentaba y pedía ayuda en las redes sociales para ubicarla, varios pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS-13) la habían raptado para violarla en más de una ocasión. Luego de las violaciones y otros ataques, los pandilleros dejaron que Érica regresara a su casa, pero la amenazaron para que no denunciara lo ocurrido ante la Policía Nacional Civil (PNC). Si denunciaba, según le dijeron, la asesinarían a ella y a su familia.

Los pandilleros, para asegurarse de que no serían denunciados, llegaron a la vivienda de la familia de Érica para exigirles que no regresaran nunca más. Así que los padres, una hermana y un hermano de Érica tuvieron que dejar todo y huir. Primero llegaron a un lugar cercano, donde pidieron asilo a otro país, al que finalmente se fueron para comenzar de cero.

Ese caso fue atendido por la organización Cristosal, una Organización No Gubernamental (ONG) que atiende y lleva un registro de desplazamientos forzados por la violencia. Para esta organización, la experiencia de los Pérez ilustra lo que ha ocurrido en El Salvador, durante el último año, especialmente con los menores de edad y las mujeres entre 35 y 45 años, quienes son las víctimas más frecuentes, según sus estadísticas. En muchos de los casos, las víctimas del desplazamiento forzado por violencia suelen ser madres que abandonan sus viviendas junto con sus hijos.

En el informe sobre desplazamiento forzado de 2017, que fue divulgado ayer, Cristosal asegura que hubo un incremento del 53 % de víctimas, incluyendo hombres y mujeres, respecto a 2016. El año pasado hubo 701 víctimas y en 2016 hubo 417.

Celia Medrano, representante de Cristosal, reiteró ayer que el Gobierno sigue sin reconocer el fenómeno y señaló que en el estudio del Ejecutivo sobre “movilidad humana” hacen falta datos. “No es posible que nosotros hayamos atendido en un solo año a 701 víctimas y que el Gobierno diga que en 10 años hubo 400 ”, dijo.

El ministro de Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, se refirió ayer al informe de Cristosal diciendo que “su gran debilidad es que es descriptivo” y agregó que “el único estudio científico y técnico es el que hizo el Ministerio de Seguridad”.

 

 

 

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