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No es que digamos que la FAES es el villano de la película”

El asesor fiscal considera que si el general Benítez dice ser inocente, podría renunciar al privilegio del fuero y presentarse a los tribunales.
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Rodolfo Delgado, asesor del despacho del fiscal general, Douglas Meléndez, explica en esta entrevista cómo podría evitarse el proceso de antejuicio ante la Asamblea Legislativa, si el exministro de la Defensa y actual embajador de El Salvador ante Alemania, Atilio Benítez, renunciara a su fuero y se colocara a las órdenes de los tribunales para dirimir los señalamientos en su contra. Hasta el momento Benítez ha afirmado que regresó al país de forma voluntaria a “dar la cara”, porque la Fiscalía General de la República (FGR) lo perfila como el líder de una red de comercio ilegal de armas desde el interior de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES).

Delgado también asegura que las investigaciones por sustracción de armas desde las bodegas de la FAES, que datan desde el siglo pasado, no debe interpretarse en ningún momento como una persecución de la Fiscalía en contra de la institución castrense, ni un ataque entre o confrontación con la Fuerza Armada. Además, critica la forma en que la Asamblea Legislativa emitió la amnistía para registro de armas número 25 (a la que se amparó de forma ilegal la presunta red de comercio ilegal de armas), y la forma en que se priorizaron algunos expedientes.

¿Cómo evalúa que las sesiones de la comisión de antejuicio para escuchar a los testigos sean privadas?

No sé para qué quieren que sean privadas. Hay que recordar que este es un procedimiento muy político, y al final de cuentas si el señor embajador insiste en continuar gozando de este privilegio (fuero) y continuar alargando el procedimiento de antejuicio, está bien, tenemos que someternos a las reglas que la comisión especial ha señalado.

Si el señor embajador quisiera someterse a los tribunales, perfectamente puede renunciar a ese privilegio.

Se ha especulado mucho sobre el estado de salud del general Benítez. ¿Qué han podido confirmar al respecto?

Ese es un tema que le toca indagar al fiscal de la comisión de antejuicio.

Yo quisiera pensar que el general es una persona seria, honorable, que no va a jugar con una situación de esa naturaleza, y a fingir una enfermedad. En dado momento tenemos que partir de la buena fe, y aparte que son situaciones que eventualmente pueden ser verificables, y hemos sugerido al fiscal de la comisión especial de antejuicio que la autoridad competente, el Instituto de Medicina Legal, debe realizar un examen sobre la salud del general. Esto no se trata de una cacería de brujas que vamos a arrastrar por la plaza pública al general. Esto es un procedimiento, y como procedimiento es obligación de nosotros como fiscales garantizar el estado de salud de cualquier persona que es acusada ante tribunales. Igual es una responsabilidad que se traslada al fiscal que está a cargo de la investigación. No queremos que exista un quebranto de salud que impida el procedimiento que estamos intentando.

¿Cómo evalúa el trabajo del fiscal delegado en la Asamblea?

El punto medular van a ser los alegatos que se presenten para tratar de obtener el dictamen que corresponde. Este es un procedimiento previo a todos los procesos. Lo que hay que valorar es si la solicitud cumple los requisitos, si contiene los indicios o se aportan las pruebas necesarias para decidir que la persona enfrente la justicia.

Esto no es un juicio y no va a haber sentencia sobre culpabilidad. Lo que se va a ver es la posibilidad de que el Órgano Judicial examine todos los documentos de prueba.

En cuanto a la colaboración de la Fuerza Armada, ustedes han señalado ciertas omisiones...

Hay otra situación de cuando se da el decreto 25: Este decreto solo dio 45 días hábiles para que se hicieran estas matrículas de armas, algunas personas presentaban hasta dos o tres armas. Entonces ahí se da la disyuntiva que una persona no puede matricular más de un arma cada dos años.

Aparte de eso que se da un decreto apresurado, justo antes del cambio de la legislatura, y no existían procedimientos diseñados en el interior de la Oficina de Registro y Control de Armas, para atender toda esa demanda.

Entonces, hubo muchas personas que en realidad tenían que dejar ahí en depósito todas estas armas de fuego. No obstante, que se les emitió una matrícula, pero era precisamente porque el tiempo que dieron para esta amnistía fue demasiado corto. Al tener todas esas solicitudes en trámite, eso dio pie a que poco a poco se fueran colocando otro tipo de solicitudes presentadas fuera de tiempo. Ya si un marco legal que avalara esas presentaciones, y por lo tanto se les empieza a dar un trámite más ágil, precisamente porque ya todas las personas involucradas estaban sabedoras de que existía algún tipo de prioridad para determinados casos.

Cuando preguntamos al actual ministro de Defensa sobre estas investigaciones, y empezamos a enumerar: el caso de la M-60 en Santa Tecla, el de Miguel Ángel Pocasangre, el del general Benítez...

Las bombas de Opico también...

Las granadas...

Los cohetes Law en Honduras...

Si estos no son casos aislados, son casos distintos, pero parece que hay algo enquistado ahí. El ministro Munguía sostiene que el crimen organizado se abastece de armas que quedaron tiradas de la guerra, ¿qué opina al respecto?

No. En primer lugar, esto no es un ataque ni una confrontación entre la Fiscalía y la Fuerza Armada, eso que quede totalmente claro. No estamos atacando a la institución castrense como que fuera la causante de todos los males relacionados con armas aquí en el país, eso no. Incluso el presidente de la república debe someterse a la ley, y no es este un ataque entre instituciones. Son investigaciones contra hechos criminales que se han dado y en los cuales sospechamos que podrían estar involucrados miembros de la Fuerza Armada, pero no es un ataque institucional. No es que nosotros digamos que la Fuerza Armada es el villano de la película.

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