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No hay consenso para presupuesto de 2017

El desencuentro político persiste cuando faltan 16 días para que finalice el ejercicio fiscal 2016. ARENA exige incluir gastos en que incurrirá el Gobierno. El FMLN asegura que la proyección es correcta.
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Sin acuerdo. Ni ARENA ni FMLN ceden en sus posturas sobre el presupuesto de 2017, que podría no ser avalado en diciembre.

Sin acuerdo. Ni ARENA ni FMLN ceden en sus posturas sobre el presupuesto de 2017, que podría no ser avalado en diciembre.

No hay consenso para  presupuesto de 2017

No hay consenso para presupuesto de 2017

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La aprobación del Presupuesto General de la Nación 2017 sigue estancada. El partido en el gobierno, FMLN, no ha logrado consensuar con el partido de la oposición, ARENA, un acuerdo político que lleve a que sus diputados avalen un plan presupuestario gubernamental que fue presentado a los diputados de la Asamblea Legislativa, desde finales del mes de septiembre.

La falta de consenso podría desembocar en unas condiciones de país en que no se contaría con dinero público para su manejo desde el Gobierno, cuando empiece 2017, precisamente dentro de 16 días. Y a pesar de que funcionarios del Órgano Ejecutivo han hablado de una salida legal que, en caso de que no se les apruebe el presupuesto del otro año, permitiría que el gobierno funcione con una estructura presupuestaria igual a la de este 2016, la oposición ha adelantado que esa disposición sería ilícita.

Ayer, en varias entrevistas de televisión en las que participaron representantes de los dos partidos políticos mayoritarios del país, se reiteraron las posturas antagónicas sobre el presupuesto del próximo año.

El partido ARENA lo establece de forma simple: para que la oposición vote por el presupuesto, en este se debe detallar la partida de fondos destinados al pago de las obligaciones previsionales que por ley tiene el Gobierno, para lo que se apartarían $221 millones. Mientras que también se exige que quede clara una partida para el pago de las cuotas de los pensionados del Instituto de Protección Social de la Fuerza Armada (IPSFA), para lo que se necesitarán $37 millones aproximadamente.

ARENA también exige que en el presupuesto para 2017 se incluya un monto por $16 millones para el pago del escalafón de salud y por último pide que se deje de forma explícita la cantidad de dinero de los contribuyentes que se utilizará para cubrir el presupuesto extraordinario del Tribunal Supremo Electoral (TSE), con la finalidad de organizar y desarrollar el evento electoral de abril de 2018, en el que la población irá de nuevo a las urnas para elegir alcaldes y diputados.

Mientras que el Gobierno mantiene que este tipo de detalles no son necesarios en el presupuesto del próximo año, ya que la mayoría está apartado para esos mismos fines, ARENA sostiene que con la nueva Ley de Responsabilidad Fiscal el Gobierno tendrá la obligación de cumplir con el presupuesto, y eso va a evitar que se produzca una redirección de los fondos para cubrir necesidades emergentes.

“El presupuesto es nefasto. Pero al preguntarles a ellos dicen que es un presupuesto que está perfecto, que es maravilloso, equilibrado y solo ellos son los únicos que piensan así”, dijo ayer el diputado de ARENA Donato Vaquerano, miembro de la comisión de hacienda.

Vaquerano criticó con dureza que los presupuestos que presenta el FMLN, desde hace años, se quedan a medias de ejecución y es necesario siempre recurrir a deudas para poder solventar el plan.

Ante ello, el secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas, aseguró que los presupuestos nunca son alcanzados por la “evasión” y “elusión” fiscal, ya que esto no permite que se tengan los ingresos suficientes para cubrir los presupuestos.

El Gobierno, sin embargo, en su momento reconoció que este presupuesto 2017 tiene al menos un déficit de $700 millones, algo que ARENA ya observó y por ello ha pedido que se reestructure.

Además de la evasión y de la elusión fiscal que expuso Chicas como causantes de la falta de los ingresos presupuestarios, no dejó de volver a criticar a la Sala de lo Constitucional para argumentar que la declaración de inconstitucionalidad sobre $900 millones de nueva deuda en bonos provocó un perjuicio para el Gobierno.

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