No hay justicia para mujeres víctimas de las pandillas

Un total de 1,488 mujeres fueron asesinadas en los últimos tres años, 140 de ellas fueron asesinadas por pandilleros y solo hubo 32 condenas por feminicidio contra pandilleros.   
Enlace copiado
No hay justicia para mujeres víctimas de las pandillas

No hay justicia para mujeres víctimas de las pandillas

Enlace copiado
 

Alison Renderos no tuvo opción de dar explicaciones al Barrio 18 sobre su supuesta  amistad con la Mara Salvatrucha. La atleta de 15 años no pudo defenderse porque “el Indio” le colocó un cincho en el cuello y la ahorcó. Alison dejó de respirar y cayó al suelo. Los pandilleros, entonces, la desnudaron para luego desmembrarla. Toda esa tortura ocurrió el nueve de mayo de 2012, en la tarde. Ella era conocida en San Vicente por ser una buena deportista. Sus padres la buscaron durante 20 días, hasta que el testigo Steven, quien participó en el asesinato, dijo dónde la habían enterrado. La encontraron en un terreno de cultivo de caña, en el cantón San Antonio, San Vicente. El cadáver, localizado en un avanzado estado de descomposición, había sido cortado en seis partes.

La joven tenía poco tiempo de mantener una amistad con los cinco pandilleros que la asesinaron. Los conoció por su mejor amiga que fue cómplice de los homicidas, según un testigo que declaró en el juicio. Las reglas son claras, le dijo Steven a la Fiscalía General de la República (FGR). Ella sabía que no debía tener ningún tipo de relación con miembros de la MS-13, mucho menos planear con los rivales la muerte de un integrante del Barrio 18.

La Ley Especial para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV), que entró en vigor en 2011, establece que para calificar la muerte violenta de una mujer como feminicidio la Fiscalía debe demostrar que la víctima fue asesinada por su pareja u otra persona por motivos de odio o menosprecio. O si el criminal se valió de su superioridad a partir de la relación de pareja, familiar o amistad. Sobre este último punto, el protocolo de investigación de feminicidio de la FGR indica que es necesario que los fisca

les ordenen exámenes psicológicos para determinar si el agresor es misógino, es decir, si tiene aversión a las mujeres; y un estudio antropológico para identificar en el acusado patrones culturales de discriminación o desprecio de las mujeres.

El protocolo también le dice a los fiscales que deben realizar análisis en el cadáver y la ropa de la víctima para encontrar sangre u otro tipo de fluido. Deben, además, detallar la cantidad las lesiones encontradas en el cadáver y si existen indicios de violencia sexual.
Si la FGR logra probar el feminicidio, un juez podrá condenar al acusado a un mínimo de 20 años o a un máximo de 50 años de cárcel.

En el caso de Alison, la Fiscalía únicamente presentó como prueba la bitácora de llamadas de los procesados; la ubicación de los imputados y de la víctima; el examen forense de las lesiones de la víctima; y la declaración de Steven, el testigo criteriado. Con eso, la FGR quería que los acusados fueran condenados a 50 años de cárcel por feminicidio. Pero no fue así.

El juez suplente del tribunal Especializado de Sentencia B de San Salvador los condenó a 30 años de prisión por homicidio, porque, a su juicio, la Fiscalía no logró probar que Alison fue asesinada por ser mujer. Incluso, durante el juicio el juez infirió que los pandilleros desnudaron a la atleta porque así sería más fácil cercenar su cuerpo. “No fue asesinada por su condición de mujer, sino porque el grupo criminal tenía la sospecha de que entregaría a ‘Shadow’ a otra pandilla, es decir, por sospechas de traición; que nada tiene que ver con una conducta misógina o de odio a la mujer”, sentenció el juez.

Las estadísticas de la Fiscalía indican que 1,488 mujeres fueron asesinadas entre 2015 y octubre de 2017. A partir de los casos judicializados, el ministerio público determinó que 140 mujeres fueron asesinadas por pandilleros. La FGR investiga actualmente a 188 integrantes de diferentes estructuras, pero solo ha logrado condenas contra 32 de ellos, según datos obtenidos a través de una solicitud de acceso a la información.

Las deficiencias, según jueces consultados, pasan porque no se realizan peritajes psicológicos a los agresores o no se investiga la violencia que sufren las mujeres residentes en territorios dominados por pandillas.

Con ideas preconcebidas
El Protocolo de Investigación de Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género de la ONU señala que la falta de justicia en la investigación de las muertes violentas de mujeres tiene que ver con ideas preconcebidas. Estas ideas son las que responsabilizan a las mujeres por lo que les pasó y “envilecen a las víctimas”, señala el protocolo.
 “Se piensa que determinados crímenes solo les ocurren a ciertas personas que llevan modos de vida diferentes, que pertenecen a determinados grupos étnicos, que tienen ciertas creencias religiosas, que son de algunos grupos sociales, que tienen nivel económico bajo, que consumen drogas, que exteriorizan una orientación sexual distinta”, dice el documento.

Una fiscal, que prefirió no revelar su nombre, considera que los pandilleros que asesinan a mujeres no deben ser procesados por feminicidio. La fiscal cataloga esos casos como violencia social. Según ella, los pandilleros son procesados por feminicidio solo cuando se logra evidenciar que existió una relación sentimental con la víctima.

 “Cuando no existe eso es violencia social y no todos los casos aplican con la ley”, opinó la fiscal.

Un juez de Paz de San Salvador, quien también opinó de forma anónima, disiente con ese criterio: “No necesariamente se debe procesar por feminicidio cuando hubo relación sentimental. Qué tal que yo soy un misógino y ando matando a las mujeres porque las odio y por eso las torturo. El hecho de ser pandillera no la excluye de ser víctima de feminicidio. Es la mala práctica. Es la cultura de verlas con menosprecio”, comentó el juez.

La abogada Silvia Juárez, de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), considera que a algunos fiscales les falta objetividad cuando investigan los asesinatos de mujeres a manos de pandillas, y que tienen una visión limitada a partir de sus propias creencias.
 “Parece que la Fiscalía tiene un sesgo bastante etnocentrista (que dice tener superioridad sobre los demás), pensar que al final la situación de las mujeres está determinada porque ella decidió ser parte de ellos. Obviando todos los antecedentes que no investiga desde que las mujeres son reclutadas’’, opinó Juárez.
La jefa fiscal de la Unidad Especial de la Mujer, Lorena Morales, dice, por su parte, que es difícil probar un delito de feminicidio cuando el acusado es un pandillero porque en la escena de muerte hay pocas prueba. Los pandilleros, según ella, se encargan de eliminar cualquier elemento que señale la participación directa en la muerte.

  ¿Por qué no hay condenas?
La FGR suele basar sus investigaciones en testigos criteriados (delatores que reciben beneficios), que brindan testimonios contradictorios o con deficiencias, como ocurrió con el testigo con la clave Platense Z-14. Él no dijo con exactitud lo que ocurrió el 1.º de febrero de 2010, el día que Cristina Rivas, de 23 años, fue asesinada por pandilleros del Barrio 18, que le destrozaron con piedras el rostro y la cabeza.
Platense Z-14 dijo en el juicio que Cristina no fue violada. Pero investigadores que llegaron a la escena encontraron dos preservativos que tenían semen.
 “La prueba científica se torna frustrante, porque no se sometió a análisis ningún material comparativo a efectos de establecer la presencia o vinculación de alguno de los ahora acusados. Siendo más un problema de la prueba es una desidia o pasividad de la representación fiscal al no haber ordenado este tipo de exámenes”, dijo el juez que absolvió a los pandilleros.

Los jueces consultados por LA PRENSA GRÁFICA coinciden en que la Fiscalía no debería apoyarse exclusivamente en los criteriados. Necesita más. Al menos probar que la víctima sufrió violencia antes del crimen. Pero lo más importante, según los jueces, es demostrar que las mataron por odio y menosprecio.

Leydi Martínez, de 23 años, también fue asesinada por pandilleros. El cadáver fue localizado en el mismo lugar que el de Alison Renderos. La FGR únicamente llevó como prueba la declaración de Steven. Los cinco acusados fueron absueltos y su muerte quedó impune.
 

Lee también

Comentarios

Newsletter