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No hemos recibido denuncias que fueron forzados a declarar”

Los tres salvadoreños admitieron cargos de terrorismo. El canciller dice que preguntar si lo hicieron sin presión es especular y cuestionar el sistema cubano.
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H ugo Martínez es canciller de la República desde 2009, cuando el entonces presidente, Mauricio Funes, lo nombró en el cargo. Con el ascenso del FMLN al poder se restablecieron relaciones diplomáticas con Cuba. Según el efemelenista, desde la reapertura se hizo un trabajo intenso por velar por los derechos de Ernesto Cruz León, Otto Rodríguez Llerena y Francisco Chávez Abarca, condenados por actos de terrorismo en sitios turísticos de La Habana.

El canciller dijo que le hicieron ver a Cuba que la pena de muerte es una medida extrema que El Salvador no reconoce, pero no porque sea un criterio del gobierno efemelenista sino porque se consigna en la Constitución de la República.

Sobre la libertad condicional otorgada por Cuba a Rodríguez Llerena, considera que su caso tenía menos agravantes que los de los otros salvadoreños, pero rechaza comentar si su liberación se debe a que declaró contra Luis Posada Carriles, el anticastrista cubano al que el régimen considera como el cerebro de los atentados explosivos contra la isla.

¿Cuál es el estado judicial de los tres salvadoreños encarcelados por terrorismo?

Los tres tienen casos distintos. Hay un caso de Rodríguez Llerena que ya está aguardando un dictamen que podría incluso culminar con la deportación de él hacia El Salvador. Está en la fase previa de libertad condicional y es el caso que más ha progresado. Luego hay otros dos casos que están cumpliendo condenas de 30 años pero hay que destacar que uno de ellos (Cruz León) había sido condenado a pena de muerte y se logró el indulto y que en este momento esté con una pena de 30 años. Esta persona ya lleva 18 años en prisión en Cuba.

¿Que esté Rodríguez Llerena en libertad condicional y esperando deportación a El Salvador significa que está libre?

Es igual que en todo sistema judicial, libertad condicional no significa estar totalmente libre.

Me refiero fuera de prisión.

Sí, sí hay una situación diferente para él efectivamente, y lo más importante es que está a la espera de la resolución de un tribunal, de acuerdo con el ordenamiento jurídico de Cuba, para ser deportado a El Salvador.

¿Se sabe cuáles son esas condicionantes a la libertad condicional que le impusieron a Rodríguez Llerena?

No, no estoy familiarizado al detalle con esas condiciones, pero me imagino que tienen que ver con el arraigo, el chequeo de que él está ahí, que no puede salir del país, etcétera. De Chávez Abarca sabemos que ha sido condenado a 30 años de prisión y que apeló.

¿Hay alguna respuesta a eso?

No ha habido resolución todavía. Ya lleva cerca de cinco años de estar detenido en Cuba, según los reportes que nos ha dado nuestro cónsul y ha apelado. Nosotros hemos acompañado ese proceso, que se le respeten los tiempos, los derechos de apelación que tiene, pero igual que en otros países cuando el sistema judicial interno decide, pues a veces aunque no estemos conformes con la decisión tenemos que acatarla.

¿Por qué a Rodríguez Llerena se le da una libertad condicional y a los otros dos no?

Yo no puedo entrar a detalles técnicos jurídicos. Primero porque no me corresponde, segundo porque soy ingeniero, no abogado, pero evidentemente que desde un primer momento el caso de Rodríguez Llerena tenía menos agravantes que los otros dos casos, según lo que nuestro consulado reportó.

Hay algunos medios que han publicado que Rodríguez Llerena declaró contra el anticastrista Luis Posada Carriles. ¿Cree que eso haya ayudado a que le dieran la libertad?

No tengo información oficial de eso y no voy a referirme a una especulación.

Desde que El Salvador abrió relaciones con Cuba se dijo que el gobierno de Funes iba a colaborar con La Habana en todo lo que se le requiriera relacionado con Posada Carriles. ¿Cuba ha solicitado información sobre las operaciones que Posada Carriles hacía supuestamente desde acá?

Bueno, esa información lo único que le corresponde a cancillería es canalizarla, en este momento no tengo un registro si hubo una solicitud si se hizo a cancillería o por conducto judicial, pero nosotros si viene un suplicatorio, no solo de Cuba sino de cualquier país del mundo, lo trasladamos a la instancia competente y es esa instancia la que tiene que resolver.

¿Y vino ese suplicatorio?

No tengo registro en este momento, voy a pedir que hagan un rechequeo de esta situación para ver si no es que en esos casos ya la información se había obtenido antes, porque tanto el caso de Rodríguez Llerena como el caso de Cruz León son previos al establecimiento de relaciones.

Dice que el Estado salvadoreño estuvo pendiente del debido proceso de los tres condenados a partir del restablecimiento de relaciones diplomáticas. ¿Hubo respeto al debido proceso de las autoridades cubanas, alguna anomalía en el proceso judicial?

Nosotros no somos un tribunal ni somos una corte, ni una comisión internacional sobre derechos humanos, no estamos para juzgar las legislaciones internas de cada país, ni de Cuba ni de Estados Unidos o de Venezuela, así como tampoco nos gusta que nos juzguen nuestras legislaciones. Nosotros a lo que nos podemos referir es a los derechos humanos de estos compatriotas, a la salud de estos compatriotas y a que las peticiones que han hecho dentro de la legislación cubana hayan sido garantizadas.

De lo que yo conozco las solicitudes (de modificación de condena) fueron admitidas pero no significa que fueron resueltas favorablemente. En el caso de Cruz León sí hay una solicitud relevante que fue resuelta favorablemente, que es el indulto y la conmutación de pena de pasar de una pena de muerte a 30 años de prisión (a Rodríguez Llerena también lo indultaron).

¿Tuvo algo que ver la apertura de relaciones entre países para ese cambio drástico en la pena de muerte?

Eso tendría que preguntárselo a las autoridades cubanas. La verdad que nosotros sí desde la apertura de relaciones hicimos un trabajo intenso por velar por los derechos de estas personas. Nuestra obligación y compromiso con los derechos humanos es que incluso personas que son acusadas de delitos tan graves como terrorismo se les cumpla ese precepto fundamental de garantía de sus derechos.

¿Y a nivel diplomático se hizo alguna gestión para que se le modificara la pena?

Nosotros no reconocemos la pena de muerte y por lo tanto siempre le hemos dicho a todos los países contraparte nuestros que para nosotros no debería aplicarse, no porque sea un criterio de este gobierno, sino porque está en la Constitución. Así como Estados Unidos ha conocido que no contemplamos la pena de muerte como recurso, también Cuba conoció que no contemplamos la pena de muerte como un recurso.

Quiero dejar bien claro que eso no es porque nosotros tengamos simpatía o antipatía hacia una persona que esté detenida, lo hacemos porque nuestra Constitución no permite la pena de muerte y después de todo es connacional al que se le aplicaría la pena de muerte, así que si tu pregunta es si nosotros le dejamos saber al Gobierno cubano que la pena de muerte no existe en El Salvador y que nos parece que es una medida extrema que el Gobierno de El Salvador no reconoce, pues sí, así como se lo hicimos saber a Estados Unidos, pero eso es muy aparte a hacer lobby por alguien que no nos corresponde a nosotros determinar si es culpable o no, le corresponde al sistema judicial del país donde está detenido.

¿El debido proceso significa que declararon libremente sin ninguna presión de ningún tipo?

Creo que con tu pregunta estás cuestionando no solo el sistema judicial cubano, sino cualquier sistema judicial, entonces yo no me atrevería a entrar a ese terreno de tu pregunta porque es muy especulativo, es como si tú me dijeras lo mismo sobre la persona a la que se le aplicó la pena de muerte en Estados Unidos. Hasta este momento no hemos recibido, según los registros que tengo en el consulado, ninguna denuncia de ninguno de los tres diciendo se le forzó a confesar, le torturaron para confesar, obtuvieron esta declaración de manera extrajudicial, etcétera, pero vuelvo y repito: no es a nosotros que nos corresponde juzgar el sistema judicial de ningún país y en las relaciones internacionales hay un principio de mutuo respeto; así como nosotros pedimos que los cubanos, que los norteamericanos, quienes sean respeten nuestro sistema judicial, también nosotros respetamos los sistemas judiciales de otros países. Claro, podemos señalar respetuosamente que una medida en esos sistemas judiciales a lo mejor no es aplicable ni compatible en nuestro país. Por ejemplo, en los tratados de extradición que se negocian si nosotros negociamos un tratado de extradición con otro país, tenemos la obligación de decirle que podemos negociar siempre y cuando hay una cuestión equiparable sobre las penas.

Hay noticias que dicen que en la cárcel donde están recluidos (Guanajay) hay reos en condiciones infrahumanas.

Yo no he ido a visitar las cárceles, no corresponde a cancillería andar en eso; el cónsul hace visitas bimensuales o cuando la familia de alguno de ellos lo solicita, y yo desgraciadamente he visto muchos reportes internacionales sobre el sistema carcelario de El Salvador, de Honduras, y tenemos desafíos y hay que superarlos, pero sería, digamos, poco cuidadoso de mi parte estar juzgando un sistema penitenciario de otro país sin ver las situaciones de mi sistema penitenciario; entonces la pregunta que yo te devolvería a ti es: ¿Esas publicaciones que has visto en internet son un juzgamiento en relación a qué?

Son cubanos denunciando las condiciones de esa cárcel.

Pero ¿cuál es el parámetro de comparación? ¿Es en comparación con países de América Latina y el Caribe, es en comparación con Suecia o con qué? Siempre yo voy a estar abogando para que las condiciones de todos los salvadoreños, independientemente de su nivel de culpabilidad, sean lo mejor posible, pero siempre voy a ser muy cuidadoso también en el establecimiento de parámetros.

¿Entonces el cónsul no reporta nada irregular en cuanto al encierro de los tres salvadoreños?

De acuerdo con la condición del sistema judicial de Cuba, el cónsul no nos ha reportado una situación drásticamente irregular que se salga de esos parámetros del sistema judicial.

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