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“No la mató la persona que le disparó, me la mató el Estado”

María (nombre ficticio), familiar de Jennifer Paulina Mónchez Hernández, levanta una bolsa plástica y dice: “Esta fue su última compra”.
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Dentro de esa bolsa se puede observar un par de colas color café y un paquete de piezas de algodón para desmaquillar. “Así era ella (Jennifer), bella por fuera y su corazón era aún más lindo”, recuerda María.

Jennifer tenía 23 años. Desapareció el viernes 7 de julio, durante la madrugada, y el cadáver fue encontrado el pasado martes 11 en la quebrada de la colonia El Granjero 2, en San Salvador. “A ella la interceptaron en la avenida Las Palmas. Yo sé lo que andaba haciendo y con quién. Me tenía mucha confianza y por eso me comentaba todo”, agrega la familiar de la joven, quien descarta que pandilleros de la zona o los amigos con los que andaba Jennifer el viernes en la madrugada estén relacionados con la muerte de la joven.

Jennifer estudiaba segundo año de Ciencias Jurídicas en una universidad de San Salvador y trabajaba para financiar sus estudios. “Ella no era bailarina, como se ha estado diciendo. Sí participó en un par de coreografías durante unos meses en un grupo de baile que no era de la comunidad (Las Palmas), pero eso fue en su adolescencia”, relata María.

La joven trabajaba en un restaurante ubicado en la calle al Boquerón. En los polines de la sala de su casa aún permanecen colgados los uniformes del restaurante. “Ella estaba ahorrando para continuar con su universidad”, dice la familiar de la víctima, mientras señala una pila grande de libros dentro de un organizador de metal, que es parte de los muebles de la habitación que cumple la función de sala, comedor y cocina.

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La familiar de Jennifer recuerda los cinco días de búsqueda de la joven como “un calvario” para ella y para todos sus allegados. “Si usted me pregunta qué hice para buscar a Jennifer, pues le digo que hice de todo. Después de que me vinieron a avisar de que no había ido a trabajar le llamé y nada. Empecé a buscarla en Medicina Legal, en el Hospital Zacamil, en delegaciones, morgues, en todos lados. Con ayuda de familiares y sus amigos divulgamos en redes sociales su foto y que estaba desaparecida”, relata María.

En los postes de energía eléctrica de los alrededores de la comunidad Las Palmas aún se observan las fotocopias en papel bond que muestran las fotografías de Jennifer, así como los contactos de los familiares a quienes se les podía llamar para dar información sobre el paradero de la joven. Nunca recibieron esa llamada. Nadie llamó, nadie tocó la puerta de la vivienda, nadie sabía nada del paradero de la joven.

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María comenta que el sábado 8 de julio llegó a la delegación centro de la Policía Nacional Civil (PNC) para pedir apoyo en la búsqueda de Jennifer y que las autoridades se tardaron más de cuatro horas para atenderla. “Llegué a las 10 de la mañana. Me atendieron a las 2 de la tarde y salí a las 6 de allí (delegación). Solo me decían: ‘Se le está atendiendo, señora’, que tuviera paciencia”, recuerda la familiar.

“El Estado es impotente, imperante. Se les olvida a los trabajadores (FGR, PNC) que con una palabra pueden salvar la vida de una persona”, se queja María, y luego, en un tono sarcástico, agrega: “Yo les voy a dar el voto de nuevo para que les sigan dando más dinero (FGR, PNC), porque son muy eficientes”.

A María no le interesa saber quién mató a Jennifer, porque para ella fueron todas las personas que le cerraron las puertas cuando andaba en la búsqueda de la joven. “Yo les puedo decir que no la mató la persona que le disparó, me la mató el Estado”, expresa la familiar de la joven.

María no conoce al fiscal que lleva el caso de su pariente, solo cuenta con unas hojas de Medicina Legal y de la Policía, en las cuales se consigna que Jennifer recibió un impacto de bala en su cabeza y que fue localizada con poca ropa.

Los parientes y amigos de Jennifer todavía no han podido velar a la joven. Medicina Legal debe finalizar los estudios de ADN para entregar sus restos.

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