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Nuevas Ideas se rehúsa a asistir a audiencia ante el TSE por no presentar información de financiamiento

La audiencia fue reprogramada para el lunes 27 de mayo.

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Nuevas Ideas se rehúsa a asistir a audiencia ante el TSE por no presentar información de financiamiento

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Ningún representante de Nuevas Ideas se presentó este viernes a la audiencia oral ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), convocada por la negativa del partido a entregar información sobre su financiamiento en 2018.

La información sobre las finanzas de Nuevas Ideas fue solicitada en marzo de este año por Acción Ciudadana. La petición incluye información sobre el balance general, listado de donantes, gastos incurridos, entre otros.

Acción Ciudadana dijo que Nuevas Ideas no dio ninguna justificación por la inasistencia y dijo que la audiencia fue reprogramada por el Tribunal para el próximo lunes 27 de mayo a las 11:00 de la mañana.

Lo que exige la ley

La Ley de Partidos Políticos vigente en El Salvador los obliga a “llevar contabilidad formal y contar con una auditoría interna en los períodos de gestión conforme a sus estatutos, sobre el uso de su patrimonio propio, y de los fondos obtenidos del financiamiento público y privado”.

Además, es su deber “facilitar a la ciudadanía” los “montos de financiamiento público y privado”, así como los “nombres de las personas naturales y jurídicas que realizan aportes al partido político ya sea en especie o efectivo”.

Los partidos deben dar información de las personas naturales que son donantes  si “la suma aportada en un mismo año fiscal sea mayor a los cinco salarios mínimos mensuales del sector de la industria”, lo que equivaldría a una suma mayor a $1,500.
Además, deben divulgar los nombres de las personas jurídicas que les donan cantidades superiores a los 17 salarios mínimos, esto es $5,100.

Según la ley, los donantes pueden deducir de sus aportes el Impuesto Sobre la Renta.

Es prohibido que reciban donaciones de entidades de derecho público o empresas estatales, instituciones religiosas, partidos políticos y gobiernos extranjeros, gremios y sindicatos, personas que se encuentren cumpliendo sentencias por corrupción, lavado de dinero o crimen organizado.

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