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Nueve alcaldes enjuiciados por alianza pandillas y poder municipal

La Fiscalía acusa a las autoridades municipales de entregar a pandilleros fondos públicos y otros beneficios a cambio de apoyo electoral. Experta ve un riesgo de que esa alianza se vuelva más imprescindible para que funcionarios puedan gobernar.

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La simbiosis entre pandillas y el poder local en El Salvador la evidencian 11 procesos judiciales que han dejado como imputados a nueve alcaldes, un síndico y a un regidor entre 2016 y 2020. La acusación: financiar a pandilleros con fondos públicos para obtener beneficios electorales.

El primer proceso inició el 5 de junio de 2016 con la captura de José Elías Hernández, el entonces alcalde de Apopa, un municipio ubicado al norte del departamento de San Salvador. Las investigaciones fiscales dan cuenta de que Hernández, quien llegó al cargo en 2012 bajo la bandera del partido ARENA, entregó a pandilleros del Barrio 18 fondos municipales, combustible, plazas como empleados de la comuna, líneas telefónicas, reparación de automóviles y entrega de efectivo a cambio de apoyo electoral para obtener la reelección en un segundo periodo consecutivo en 2015. Logró la reelección.

En enero de 2019, tres años y medio después de aquella captura, un juzgado especializado en crimen organizado condenó a Hernández a purgar una pena de 15 años de prisión tras encontrarlo culpable de los cargos. Se trató del un segundo juicio por la misma causa que enfrentó el exalcalde después de que fuera condenado a 12 años de cárcel en febrero de 2018; pero un tribunal superior anuló el caso y ordenó repetir el juicio.

El nombre Salvador Ruano, exalcalde de Ilopango, también empezó a aparecer en los archivos policiales durante 2016 por tener nexo con pandilleros mientras fungía en el cargo.

Escuchas telefónicas ubicaron a Ruano como negociador con una célula de pandillas en esa parte del departamento de San Salvador; sin embargo, la Fiscalía decidió acusarlo formalmente hasta febrero de 2020, cuando ya había fallecido. Ruano murió en julio de 2017.

El aún alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, también está siendo procesado por nexo con pandilleros, luego de que se hiciera público un video donde aparece entregando dinero a jefes de pandillas. El edil ha dicho que esa acción obedece al pago de una extorsión.

Esa simbiosis entre pandillas y poder local, que se volvió más evidente en Apopa, ha crecido como una bola de nieve hasta abarcar, montaña abajo, a los alcaldes de Concepción Batres, Benjamín Romeo Machuca Díaz; y Rodrigo Tenorio, de Puerto El Triunfo, ambos municipios del departamento de Usulután, quienes también enfrentan procesos judiciales iniciados en 2018 por el delito de organizaciones terroristas. Esa bola de niega también llegó hasta los jefes municipales de Usulután, Carolina (San Miguel) y San Ildefonso (San Vicente).

Jeannette Aguilar, investigadora en temas de seguridad y violencia, considera que esos acuerdos entre alcaldes y pandillas nacen por una necesidad de los gobiernos locales de obtener gobernanza; pues se trata de un poder de facto en muchos municipios.

"Las autoridades necesitan ese contacto para desarrollar actividades en las comunidades", considera Aguilar.

La experta agrega que existe un riesgo de que esos pactos avancen hasta consolidarse en algo más grave: "Las pandillas tienen información y están tomando decisiones. Hay una amenaza por la complicidad y el encubrimiento de parte de autoridades municipales, de directivas y líderes comunales".

Aguilar, incluso, ve una amenaza real que esa alianza con pandilleros "se vuelva imprescindibles para que las autoridades puedan tener gobernanza de nación". Pues considera que las estrategias de las pandillas para ganar terreno en lo político "han evolucionado".

El más reciente

El alcalde Roel Werner Martínez Romero también está siendo juzgado por financiar y aliarse con una célula de la Mara Salvatrucha (MS-13) para matar, entre 2018 y 2019, a dos de sus concejales de la alcaldía municipal de El Tránsito, en el departamento de San Miguel.

En la madrugada del 15 de diciembre pasado, investigadores policiales y fiscales llegaron hasta esa parte del oriente salvadoreño para capturar a 322 sospechosos de cometer delitos; entre ellos el alcalde, el secretario municipal de El Tránsito y otro empleado de esa alcaldía.

La tesis fiscal es que el alcalde Martínez Romero, del partido ARENA, confabuló con los pandilleros de la MS-13 para matar a José Aquiles Segovia y José Guadalupe Quintanilla, por lo que está siendo procesado por los delitos de homicidio agravado, actos de terrorismo y financiamiento a grupos terroristas.

Investigaciones periodísticas también han vinculado al actual presidente de la República, Nayib Bukele, con negociaciones con pandillas desde que era alcalde de San Salvador (2015-2018) bajo la bandera del izquierdista partido FMLN. Sin embargo, la Fiscalía no ha presentado cargos formales por el caso.


Procesados por tener nexos con pandillas

Estos son los funcionarios municipales que han sido llevados a tribunales, según la Fiscalía.

Imputados 

Concepción Batres
Benjamín Romeo Machuca Díaz enfrenta en libertad (con brazalete electrónico) un proceso por organizaciones terroristas.  

Puerto El Triunfo
Rodrigo Tenorio, alcalde y luego concejal  de Puerto El Triunfo, fue detenido en septiembre de 2016  por  financiar al  Barrio 18.  

Guatajiagua
Un síndico del municipio de Guatajiagua, Morazán, también está siendo procesado por mantener alianzas con pandilleros de la zona.  

El Tránsito
Roel Werner Martínez Romero, alcalde de El Tránsito, también  está siendo juzgado por financiar y aliarse con una célula de la MS-13.  

Conchagua
La FGR mantiene una investigación en curso contra un regidor de Conchagua, La Unión, por homicidio y organizaciones terroristas.  

San Ildefonso
El alcalde de San Ildefonso, San Vicente, está siendo procesado por el delito de agrupaciones ilícitas, según la Fiscalía.  

San Salvador
Ernesto Muyshondt, alcalde de San Salvador, enfrenta en libertad acusaciones por agrupaciones ilícitas.  

Ilopango
La Fiscalía decidió acusar formalmente a Salvador Ruano por nexos con pandillas en febrero de  2020. Ruano falleció en 2017.

Carolina
El alcalde de Carolina, San Miguel, también enfrenta un proceso por narcotráfico y nexo con pandilleros de la zona oriental de El Salvador.

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