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Nuevo juicio para soldados acusados de desaparecer a jóvenes

La cámara resolvió que la jueza de Sentencia de Sonsonate pronunció una sentencia sin hacer una adecuada valoración de la prueba.
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La Cámara de lo Penal de la Primera Sección de Occidente ordenó el 18 de diciembre pasado que se repita el juicio en contra de seis soldados acusados de la desaparición forzada de tres jóvenes y la privación de otros dos en Armenia, Sonsonate, ocurrida en febrero de 2014.

Los seis soldados del Destacamento Militar Número 6 fueron absueltos por la jueza de Sentencia de Sonsonate, Gilda María Cañas Hurtado, el pasado 17 de noviembre de 2015.

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El tribunal superior ordenó que se repita el juicio y que este sea conocido por un nuevo juez del tribunal de Sentencia de Sonsonate.

El fiscal del caso alegó en sus argumentos de apelación que la jueza que conoció el caso no usó la sana crítica, pues mezcló las declaraciones de víctimas y juzgados en su valoración. Además, la cámara señaló que la jueza obvió la valoración de alguna prueba y que no era cierto lo señalado en la sentencia sobre que no se pidió el resarcimiento del daño por medio de responsabilidad civil.

“Únicamente son analizadas las deposiciones de los testigos, víctimas-testigos y ofendidos, así como las diligencias del Sistema de Posicionamiento Global (GPS) y el oficio número 029 de fecha 21 de marzo de 2015, de las cuales no se hace un análisis integral, obviándose realizar la indicación del valor que se le otorga al resto de prueba documental y pericial, pues en algunos casos únicamente se hace una transcripción”, señaló el fiscal auxiliar.

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La querellante señaló únicamente que Cañas Hurtado realizó una valoración de la prueba al margen de los criterios legales.

“Consideramos congruente lo afirmado por el fiscal apelante en su escrito de alzada, al mencionar que la jueza sentenciadora dictó una resolución sin efectuar una valoración integral de la prueba”, resolvió la cámara.

Los magistrados afirmaron que la jueza se limitó a transcribir la prueba documental en su sentencia, pero no hizo una valoración de esta. Además, no realizó una “valoración lógica, coherente e integral de todo el elenco probatorio examinado”, pues no realizó, entre otras cosas, “un correcto análisis de lo declarado por las víctimas-testigos del hecho.

La cámara concluyó así que al no atender las valoraciones de los sobrevivientes, la jueza de Sentencia transcribió la prueba en orden para dar por probado que los jóvenes “no fueron obligados a ir con los elementos militares, que sus personas obedecieron, que nunca fueron golpeados, no fueron amarrados y no fueron encerrados en algún lugar”.

Las víctimas-testigos en el caso son Fredy Mauricio Villalobos Castillo y Mario Alberto Martínez Hernández, quienes, según consta su testimonio en una resolución de la Sala de lo Constitucional, en febrero de 2014 fueron obligados por miembros del Ejército a caminar por zonas de pandillas. Cuatro de los jóvenes que caminaban con Villalobos y Martínez fueron presuntamente conducidos por los acusados a otro lugar y desde esa fecha están desaparecidos.

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