ONG vuelven a señalar retrocesos en caso Taiwán

Querellantes cuestionan prohibición de divulgar información financiera del caso contra Flores.
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Los querellantes (acusadores particulares) del caso Taiwán volvieron a expresar ayer su preocupación por el rumbo que lleva el proceso contra el expresidente de la República Francisco Flores, acusado de desviar las donaciones que Taiwán envió al Gobierno de El Salvador para los afectados por los terremotos de 2001.

Los querellantes son la Iniciativa Social para la Democracia (ISD) y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD). Ambas ONG señalaron que el caso se ha rezagado porque, lejos de agregar nuevas pruebas, se están desechando las que ya habían sido incorporadas al proceso que se ventila en el Juzgado Primero de Instrucción de San Salvador.

“Información como la del FinCEN, que la Fiscalía había entregado ya, y ahora lo que proceden es a declarar que no se puede hablar ni del ROS ni de la información financiera y hay una petición de que se destruya y el juez, sin considerar a la parte querellante, le ha devuelto el informe al fiscal... Lo que se está produciendo es la destrucción de prueba. El fiscal, en lugar de aportar pruebas, está retirando y provocando la destrucción de pruebas”, señaló el director de ISD, Ramón Villalta.

Lo anterior, a juicio de los querellantes, anula toda posibilidad de procesar a Flores por el delito de lavado de dinero. El expresidente está siendo procesado por peculado, enriquecimiento ilícito y desobediencia a particulares. La semana pasada, el juez 1.º de Instrucción, Levis Orellana, ordenó “a las partes procesales y a toda persona que tenga acceso o interés en el expediente, que se abstengan de hacer mención en forma indebida al referido documento y agencia que lo emitió, so pena de incurrir en responsabilidad penal”.

Abraham Ábrego, director de FESPAD, dijo que esa advertencia podría entenderse como una amenaza y considera que existe un afán fiscal por ocultar pruebas.

“De seguir este comportamiento, la parte querellante va a terminar en la cárcel y los responsables de haber cometido delitos de corrupción van a quedar en libertad”, comentó Villalta.

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