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ONU aboga por apoyar implementación de Ley de Extinción de Dominio

El vocero de UNODC calculó que en los próximos tres años se podrían incautar bienes por un valor de $400 millones en El Salvador. Fiscal aseguró que falta de recursos dificulta coordinación en la región. .
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El representante regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), Amado Phillip de Andrés, hizo un llamado a los diputados y funcionarios públicos involucrados en seguridad en la región del Triángulo Norte para que apoyen la implementación de la Ley de Extinción de Dominio, que permite al Estado quedarse con inmuebles obtenidos de forma ilícita.

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Su intervención se dio en el marco del Foro Interparlamentario de Seguridad en el Triángulo Norte, promovido por Naciones Unidas, que se llevó a cabo ayer en un hotel de San Salvador.

“Entendamos los tecnicismos de la implementación de la ley antes de criticarla, y apoyemos a los fiscales generales de nuestra región para que la implementen bien. Y no solo eso, que la evaluamos conjuntamente cómo se está implementando”, dijo el representante de Naciones Unidas.

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Diputados de todos los partidos están empujando un proyecto de reforma a dicha ley, con el cual buscan modificar la manera de proceder de la medida cautelar de congelamiento de bienes, que es la forma en que la Fiscalía General de la República (FGR) intenta asegurar que los inmuebles no vayan a ser transferidos o vendidos durante el proceso de extinción. La normativa vigente ha permitido a la Fiscalía congelar 103 bienes cuyo valor asciende a $7.2 millones, entre estos los del expresidente Francisco Flores, o los de la supuesta estructura de lavado de dinero de José Adán Salazar, alias “Chepe Diablo”.

El fiscal general, Douglas Meléndez, dijo recientemente que le resultaba extraño que diputados y abogados hayan iniciado una campaña en contra de la ley, justo cuando se abrieron casos vinculados a corrupción o grandes redes de lavado de dinero. Meléndez señaló que es necesario reformar la ley, pero para que los bienes extintos puedan ser transferidos inmediatamente a instituciones que velen por las poblaciones más vulnerables.

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El representante de la UNODC señaló que si la ley se aplica de manera correcta en los próximos tres años, se podrían incautar bienes por un valor de $400 millones, los cuales, a su juicio, deberían invertirse en materia de salud y educación pública. Añadió que la buena implementación de la ley puede hacer crecer el PIB de la región hasta en 2.5 %.

El Secretario de Política Criminal del Ministerio Público de Guatemala, Rootman Pérez, también defendió el valor que ha tenido la implementación de la Ley de Extinción de Dominio para combatir las redes criminales en su país. Según Pérez, las críticas a la ley se solucionan al aclarar que el procedimiento de extinción de dominio es una jurisdicción aparte de la penal y que es necesaria la medida cautelar de congelar los bienes al inicio del proceso judicial para garantizar el proceso.

“Hay muchos abogados y personas interesadas en decir que hasta que no se compruebe lo contrario, que no congelen los activos, pero vale la pena preguntarnos lo qué sucede cuando vemos que las defensas de estas organizaciones buscan entrampar el proceso, buscan hacer cualquier tipo de acciones legales para entrampar los procesos, para que se resuelvan en dos o cuatro años. ¿Qué pudo haber pasado con estos bienes en ese tiempo?”, acotó el funcionario del Ministerio Público guatemalteco.

Mejor coordinación.

La reunión interparlamentaria que se realizó ayer en El Salvador tenía como principal objetivo que las autoridades destacadas en materia de seguridad dieran insumos a los diputados de la región para hacer las modificaciones legales necesarias para combatir la criminalidad de manera más efectiva.

El vocero de la UNODC dijo que ha habido una aumento del 30 % en la producción de cocaína desde Suramérica, por lo que es posible que las relaciones entre el narcotráfico y las pandillas se vayan complejizando en la región. Según de Andrés, esta nueva coyuntura potencia la necesidad de crear un Centro Regional de Inteligencia entre los países del Triángulo Norte, y así agilizar la coordinación entre las instituciones que combaten la criminalidad.

El fiscal general de El Salvador destacó que los principales problemas de las oficinas de investigación en la región recaen sobre la falta de recursos y la enorme burocracia que existe para compartir información entre los países del Triángulo Norte.

“A veces nos viene la información cuando ya casi hay que archivar el caso porque va a prescribir, o cuando el imputado ya fue a juicio, y fue absuelto o condenado”, señaló el funcionario.

Meléndez destacó como ejemplo de este desfase que la Fiscalía de El Salvador no pudo intervenir un helicóptero vinculado a un caso de corrupción que despegó desde Panamá debido a que los documentos oficiales llegaron tarde. El fiscal dijo que entre las paradojas de nuestra región también está que las empresas tengan trabas burocráticas para introducir cargamentos lícitos por medio de las aduanas, y a la vez exista una enorme facilidad para que lleguen al país armas o drogas de manera ilegal.
 

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