ONU verifica denuncias de ejecuciones extralegales

Relatora especial en el tema está en el país para confirmar la participación de agentes del Estado en violaciones de derechos humanos. Ministro negó esa práctica y pidió prórroga para medidas extraordinarias.
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Naciones Unidas indagará las denuncias de ejecuciones extralegales en el país. Agnes Callamard, la relatora especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, llegó ayer a El Salvador para indagar los casos de homicidios arbitrarios cometidos por las fuerzas de Seguridad Pública.

La visita de Callamard, que durará hasta el próximo 5 de febrero a invitación del Gobierno, también servirá para evaluar la estrategia de seguridad del Estado y los abusos cometidos por actores no estatales. Además, investigará programas designados a abordar y prevenir los asesinatos de mujeres, la comunidad LGBTI, migrantes, periodistas y defensores de derechos humanos.

Organizaciones de la sociedad civil señalaron ayer, horas antes de la llegada de la relatora, que los cuerpos de seguridad del Estado han cometido violaciones a los derechos humanos en los más de 1,600 tiroteos con supuestos pandilleros entre enero de 2014 y junio de 2017.

Las organizaciones también dijeron que ayer mismo le entregarían a la relatora un informe con datos sobre supuestos enfrentamientos, donde en los últimos tres años han fallecido 1,325 víctimas por heridas de bala disparadas por agentes del Estado.

Verónica Reyna, representante de la organización Servicio Social Pasionista, dijo que entre 2016 y 2017 la relación de pandilleros muertos por cada policía aumentó. En 2016 murieron 60 supuestos pandilleros por cada policía asesinado, mientras que en 2017 fueron 112 por agente.

Las organizaciones también aseguraron que la Fiscalía General de la República y la Inspectoría General de Seguridad Pública no están “haciendo su trabajo debidamente”, ya que de todos los casos en que hay indicios de ejecuciones extrajudiciales, muy pocos llegan hasta un proceso judicial.

Cristian Schlick, representante del Instituto para los Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), aseguró que el sistema judicial está dejando en libertad a los policías involucrados en supuestas ejecuciones.

El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde, negó ayer que el Estado tenga como política la “eliminación de delincuentes”.

El funcionario dijo que la PNC “tiene como principal propósito la captura de delincuentes. Ese es el objetivo de esas intervenciones”. Justificó las muertes de supuestos pandilleros debido a que “los operativos ocurren en espacios cerrados y cortos. Esas condiciones hacen muy probable que ocurran bajas”.

El Tribunal Especializado de Sentencia B tiene pendiente emitir un fallo sobre la supuesta participación de agentes policiales en el asesinato de al menos 12 pandilleros en los departamentos de La Libertad y Sonsonate. En oriente, también hay un grupo de policías y militares procesados por supuestamente cometer ejecuciones extralegales.

Ramírez Landaverde reiteró que “no se pude señalar al Estado de tener como política eliminar delincuentes”. Y para sonar convincente usó sus propias cifras: “En 2017 hubo más de 500 casos donde hubo necesidad de hacer uso de la fuerza y fallecieron más de 400 delincuentes. Todos esos policías que participaron fueron investigados”.

“Hubo resoluciones de sobreseimiento definitivo en casi todos esos casos. Eso respalda que la acción de la PNC es legal”, remató.

Sin embargo, en uno de esos casos conocidos como la masacre en la finca San Blas, de San José Villanueva, el juez estableció que sí ocurrió una ejecución extralegal de parte de agentes del Grupo de Reacción Policial, a quienes dejó en libertad debido a la falta de individualización del caso de parte de la Fiscalía.

Esos supuestos enfrentamientos entre cuerpos de seguridad y pandilleros se incrementaron, de acuerdo con datos oficiales, a partir de 2016, año en que entraron en vigor, de forma temporal, medidas más severas contra pandilleros impulsadas por el Gobierno. La estrategia se basa en cortar las comunicaciones en los centros penitenciarios y endurecer el trato hacia los reos.

Ayer, el ministro de Justicia y Seguridad llegó a la Asamblea a solicitar una segunda prórroga para las medidas extraordinarias aplicadas mayoritariamente en seis centros penales donde se encuentran recluidos pandilleros.

El ministro justificó la petición porque, según él, la aplicación de esa represión tiene relación directa con disminuir los homicidios en el país.

Además, negó que esas medidas sean las responsables de una epidemia de tuberculosis que afecta a más de 1,000 reclusos, tal como el alto comisionado de la ONU reflejó en un reciente informe tras visitar el país.

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