Obispos de El Salvador piden frenar mina guatemalteca y reconocer labor de juntas de agua

La Conferencia Episcopal advirtió que el proyecto minero Cerro Blanco, que se encuentra a 14 kilómetros de El Salvador, podría contaminar al lago de Güija y al río Lempa. Además, los obispos pidieron escuchar las observaciones de las juntas del agua respecto a la Ley de Recursos Hídricos.

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Los obispos de la iglesia católica advirtieron que hay 42 proyectos mineros que amenazan las cuencas transfronterizas./Archivo

Los obispos de la iglesia católica advirtieron que hay 42 proyectos mineros que amenazan las cuencas transfronterizas./Archivo

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La Conferencia Episcopal de El Salvador (CEDES) pidió frenar la mina guatemalteca Cerro Blanco por considerarla una amenaza ambiental para el país y además solicitó a la Asamblea Legislativa que permita a las juntas de agua exponer sus consideraciones sobre la Ley de Recursos Hídricos.

En un comunicado emitido el 27 de noviembre, los obispos de la iglesia católica señalaron que los principales ríos de El Salvador nacen en Honduras y Guatemala, como es el caso del río Lempa, que nace en el departamento guatemalteco de Chiquimula.

Aunque la minería metálica está prohibida en el país desde 2017, hay 42 proyectos mineros que amenazan las cuencas transfronterizas, indicó la CEDES. Para los obispos, "el caso más grave" es Cerro Blanco. Ubicado en Asunción Mita, en Jutiapa, Guatemala, el proyecto está a escasos 14 kilómetros de El Salvador, en un acuífero subterráneo entre el río Ostúa, de Guatemala, y el municipio de Metapán.

"El río Ostúa contaminará el lago de Güija, debido a las cantidades de arsénico natural que recibe provenientes de la actividad en la mina Cerro Blanco, y el lago Güija contaminará el río Lempa, pues es su más grande proveedor de agua", alertó la Conferencia Episcopal.

"Esta situación es una gran amenaza para El Salvador, que debe atenderse urgentemente y con máxima preocupación. Hacemos un vehemente llamado a las autoridades de nuestro país a realizar todas las diligencias posibles para parar dicho proyecto", agregó la  CEDES.

Además, solicitó a la comunidad internacional "no permitir tal desastre humano y ambiental" y llamó a la ciudadanía salvadoreña a manifestarse "en contra de dicho atentado a nuestro país, contra la vida y la salud de las personas, contra la fauna y la flora".

Según la Alianza Centroamericana Frente a la Minería (ACAFREMIN), la mina Cerro Blanco es propiedad de la compañía Bluestone Resources, quien la promociona como el segundo yacimiento de oro más grande de Guatemala. 

Según ACAFREMIN, en 2004, la anterior propietaria del proyecto presentó un estudio de impacto ambiental para la exploración y explotación de oro ante el Ministerio de Energía y Minas de Guatemala (MEM), pero en dos ocasiones le negaron la autorización porque el estudio tenía deficiencias técnicas. 

Pero, "según denuncias de organizaciones ambientales, en el año 2007 el MEM otorgó un permiso de exploración por 25 años de forma irregular, violentando así normas de derecho administrativo de la República de Guatemala y poniendo en riesgo la salud de comunidades en Guatemala y El Salvador debido a los posibles impactos ambientales generados por la mina", afirma la ACAFREMIN.

Obispos: se debe reconocer la función social y ambiental de las juntas de agua

La Conferencia Episcopal también se pronunció por la Ley de Recursos Hídricos propuesta por el Gobierno y que permanece en el tintero de la Asamblea Legislativa. Los obispos se refirieron en particular a las juntas de agua, que desde el principio de la discusión de la ley han enfrentando cuestionamientos sobre su labor por parte de diputados y funcionarios oficialistas.

"Se debe reconocer la función social y ambiental de las juntas de agua", dijo la CEDES. "Las juntas de agua por lo general le dan cobertura de agua a la zona rural del país, es decir, llegan a los lugares donde el Estado no llega, cumplen una función social y ambiental importante para que las familias puedan consumir agua y esto también posibilita mejores condiciones sanitarias y de alimentación", agregó.

Citando datos oficiales, destacaron que hay unas 2,500 juntas de agua en el país, que abastecen a más de medio millón de familias.

Los obispos recordaron que la comisión ad hoc que analiza la ley ha considerado a las juntas de agua como empresas privadas, "sin diferenciar entre su función socio ambiental y el enfoque mercantilista que pueden tener empresas como las dedicadas a bebidas carbonatadas y no carbonatadas, constructoras, etc.". En ese sentido, solicitaron que se les dé una oportunidad a las juntas de agua para que expongan sus consideraciones a la ley de recursos hídricos.

Confeccionado en su mayoría por los diputados oficialistas, el articulado de la ley se concluyó el 21 de octubre. Desde entonces no se ha vuelto a reunir la comisión ad hoc y solo ha quedado pendiente acordar el nombre de la ley y los considerandos para emitir el dictamen favorable que deberá conocer el pleno de la Asamblea.

Hasta la fecha, el partido de Nayib Bukele, Nuevas Ideas, que preside y tiene mayoría en la comisión, no ha explicado por qué no han vuelto a convocar las sesiones.

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