Oenegés exigen dar marcha atrás a la Ley de Agentes Extranjeros 

Las organizaciones también condenaron las acciones de la FGR, que la semana pasada allanó diversas instalaciones de oenegés. 

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Un colectivo de oenegés exigió a la  Asamblea Legislativa retirar de forma definitiva la iniciativa de Ley de Agentes Extranjeros, presentada por el Gobierno el 9 de noviembre y que actualmente se encuentra en  la Comisión de Relaciones Exteriores.

La Ley de Agentes Extranjeros es similar a la aprobada en Nicaragua por el régimen de Daniel Ortega y, entre otras disposiciones, pretende imponer un impuesto del 40 % a todas las transferencias financieras que reciban las organizaciones. 

“Exigimos el retiro definitivo de esa propuesta de ley que los juristas califican como ambigua, arbitraria, discrecional y desproporcionada”, dijo Morena Murillo, representante de la Coordinadora de Movimientos Populares.

“La Asamblea debe mandar al archivo esa ley innecesaria y mal intencionada que tendría graves consecuencias no sólo para las organizaciones sociales, sino principalmente para la población”, agregó 

Murillo también aseguró que esta ley propiciará una persecución política contra las organizaciones y debilitará el trabajo que estas realizan en el territorio a través del financiamiento de la cooperación internacional. 

Asimismo, señaló que las organizaciones sin fines de lucro ya están reguladas por la Ley de Asociación y Fundaciones. “Si ellos quisieran hacer una reforma o quisieran modificar algunos artículos, lo pudiera hacer desde esa ley, no inventando una ley arbitraria y ambigua que no tiene el propósito de regular las actividades de las asociaciones, sino de prohibir su accionar”, dijo.

En anteriores ocasiones, las oenegés han señalado que el Gobierno ya tiene mecanismos de control sobre la ejecución de fondos con los cooperantes y un sistema de rendición de cuentas completo. 

“Nosotros somos de las organizaciones que más transparencia tenemos que brindar a nuestros cooperantes y tenemos controles del Estado”, aseguró Amalia López de la Alianza Nacional  contra la Privatización del Agua.

Los movimientos aseguraron que, con esta ley, se perdería la poca inversión que se ejecuta en el país, señalando varios sistemas de cooperación, como el alemán, ya anunciaron la suspensión del proceso de selección de proyectos, lo que a la larga afectará a las comunidades más vulnerables.

El movimiento de oenegés solidarias, que cuenta con 56 organizaciones, ejecuta alrededor de tres proyectos anuales en diferentes municipios. Al implementar la ley, muchos de las iniciativas se quedarían sin financiamiento y se dejaría se realizar un trabajo que, por el momento, el Estado no atiende, señalaron. 

“Nuestro único delito que tenemos las organizaciones de sociedad civil es hacer lo que el Estado no hace”, dijo Cecilia Hernández, del Movimiento de Oenegés para el Desarrollo Solidario de El Salvador.

“El Estado no va adonde vamos nosotras, por la comunidad o porque no les interesa. Si hay comunidades que tienen agua ahora es por las organizaciones que están aquí”, afirmó.

De momento, el marco legal no ha pasado al pleno. Según el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, esto se debe a que se necesita mayor análisis y un acuerdo entre las organizaciones de la sociedad civil y la comunidad internacional. 

"No entrará ahora, ni el próximo martes, hasta que estemos en un acuerdo con el cuerpo diplomático, que son cooperantes, y con la verdadera sociedad civil", dijo Castro el 22 de noviembre pasado.

Las organizaciones también se pronunciaron en contra de los "actos de persecución política", refiriéndose a los allanamientos que ejecutó la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PCN) en varias oenegés, entre ellas PRO VIDA y Las Mélidas. 

Asimismo, vieron con preocupación que el asesor jurídico de la Presidencia, Javier Argueta, anunciara que habrán más allanamientos.

“Las declaraciones de este funcionario no sólo confirman el control del Ejecutivos sobre la Fiscalía y los tribunales, sino que muestra el claro propósito gubernamental de combatir como adversarios políticos a las organizaciones que promovemos los derechos humanos, la protección ambiental, la no violencia contra las mujeres, la transparencia y rendición de cuentas, la memoria histórica y otros temas que también deberían ser de interés del gobierno”, detalla el comunicado de los movimientos. 
 

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