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Oficialismo arremete contra juntas de agua

La Alianza contra la Privatización consideró que el Gobierno y los diputados oficialistas tienen poco conocimiento sobre cómo funcionan las juntas de agua en las comunidades.

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Incertidumbre. Organizaciones  advierten que las juntas de agua podrían quedar fuera de la ley que estudia la Asamblea Legislativa.

Incertidumbre. Organizaciones advierten que las juntas de agua podrían quedar fuera de la ley que estudia la Asamblea Legislativa.

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Funcionarios del Gobierno y diputados oficialistas arremetieron ayer contra las juntas de agua, durante la sesión de la comisión ad hoc de la Asamblea Legislativa que estudia la ley de recursos hídricos, propuesta por el Ejecutivo.

Ministros y legisladores señalaron a las juntas de realizar "cobros excesivos" y de ofrecer "agua contaminada". Estas organizaciones comunales han denunciado que el anteproyecto gubernamental las excluye y han pedido que la normativa reconozca su trabajo en el territorio.

"Muchas veces, estas juntas de agua han estado brindado un servicio al doble del costo que lo brinda ANDA (Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados)", dijo Saúl Mancía, diputado de Nuevas Ideas.

La ministra de Vivienda, Michelle Sol, también cuestionó a estas organizaciones y aseguró que, durante su período como alcaldesa de Nuevo Cuscatlán, muchas comunidades debían pagar altas tarifas por abastecerse del recurso hídrico.

"Las juntas de agua se tomaban la atribución que ellos querían para el cobro del agua y les cobraron $8 mensuales a cada familia de escasos recursos", dijo. "En esa época como alcaldesa, nosotros mandábamos a verificar cómo estaba esa agua, se imaginan el escándalo, ¿verdad?", agregó, haciendo referencia a que el agua estaba presuntamente contaminada.

Por su parte, Romeo Rodríguez, ministro de Obras Públicas, sostuvo que algunas juntas venden el agua a empresas privadas.

Consultada sobre las declaraciones de los funcionarios, Amalia López, de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, consideró que hay "un gran desconocimiento" sobre la labor de las juntas de agua en las comunidades.

"Ha sido esa coordinación comunitaria la que ha venido asumiendo los costos totales de poder poner agua de las viviendas de cada uno de los salvadoreños que no tienen acceso a agua por ANDA", explicó.

Además, consideró irresponsables las declaraciones de la ministra Sol sobre el cobro de $8 mensuales a un habitante de la zona rural. "Estas juntas tienen que asumir los costos de crear la tubería, abrir el suelo para meter la tubería, repararla cada vez que se daña, incluyendo que las calles que están en mal estado. Entonces, la gente tiene que asumir todos esos costos, pagar energía eléctrica que no la subsidia el Estado", dijo.

López lamentó que los funcionarios no se hayan acercado a las juntas de agua para conocer el trabajo que realizan y las dificultades que afrontan para abastecer a las comunidades. Además, consideró preocupantes las valoraciones de los ministros y diputados, pues teme que finalmente las juntas queden excluidas de la ley.

Según datos del Foro del Agua, en el país hay 2,500 juntas de agua rurales y urbanas que abastecen a 1.4 millones de personas, un 25 % de la población total.

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