Operación Cuscatlán a especializados

Fiscalía dividió en dos grupos a detenidos durante la operación, que fueron acusados de los delitos de lavado de dinero y activos y agrupaciones ilícitas. Audiencia inicial por primer grupo fue programada para este lunes en la mañana.
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Procesados. Florinda Recinos Bloommaert es propietaria de varios microbuses y es la presidenta de la ruta 29-A. La acusan de utilizar las unidades de transporte para lavar dinero para la MS-13.

Procesados. Florinda Recinos Bloommaert es propietaria de varios microbuses y es la presidenta de la ruta 29-A. La acusan de utilizar las unidades de transporte para lavar dinero para la MS-13.

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La Fiscalía General de la República (FGR) presentó ayer por la tarde y noche la acusación formal en contra de los 28 detenidos durante la Operación Cuscatlán, que ejecutaron juntamente con la Policía Nacional Civil (PNC) en siete departamentos del país. La acusación fue presentada en los juzgados especializados de Instrucción de San Salvador, adonde fueron llevados los detenidos desde antes del mediodía.

"El serrucho", capturado en Operación Cuscatlán estableció negocios en zonas del Estado

La Fiscalía acusó a los sospechosos, entre ellos integrantes de la pandilla MS-13, comerciantes y pequeños empresarios, de los delitos de lavado de dinero y activos y agrupaciones terroristas, indicó una fuente fiscal.

“Solicitamos una detención provisional para continuar con la investigación, es una investigación bien compleja”.
Fiscal del caso Operación Cuscatlán

La fuente detalló que para realizar las acusaciones, los detenidos fueron divididos en dos grupos para que enfrenten casos separados.

El proceso judicial del primer grupo, integrado por 15 detenidos durante la operación, será llevado por la Comisión Especial de Investigación de Bienes de Organizaciones Terroristas, que serán acusados del delito de lavado de dinero y agrupaciones ilícitas.

Este grupo está integrado por seis mujeres y nueve hombres, en su mayoría comerciantes y pequeños empresarios de Soyapango y de la colonia Santa Lucía, en Ilopango, que según las investigaciones estarían colaborando con la estructura criminal al facilitarles sus negocios para lavar el dinero que la pandilla adquiere a través de ilícitos como las extorsiones y venta de droga y armas.

En este grupo se incluye a Florinda Recinos Bloommaert, propietaria de varios microbuses de la ruta 29-A, que también habría colaborado con la estructura delictiva en el lavado de dinero a través de dicha cooperativa de transporte público.

Uno de los fiscales de este caso señaló que la investigación que las autoridades han hecho en este caso se originó hace dos años y en ella se ha podido establecer que los detenidos se han convertido en “socios” de la estructura criminal y que han operado sus negocios con dinero obtenido de forma ilícita por el grupo criminal.

“Se ha llevado a cabo una investigación aproximadamente desde hace dos años en la que se ha determinado que existen personas que colaboran en el sentido patrimonial con ellos, de invertir dinero que obtienen de venta de droga, extorsiones a nivel nacional y parte de ese dinero lo están invirtiendo en negocios formales e informales, al grado de que se vuelven socios de hecho de algunos empresarios”, dijo.

De acuerdo con las investigaciones, estas inversiones son de mediana cuantía, dijo el fiscal, indicando que los montos de dinero sucio que el grupo terrorista inyecta en estos negocios varía de acuerdo con el rubro del negocio, aunque no detalló las cantidades de dinero que estarían moviendo a través de esta modalidad.

Entre los detenidos figuran además propietarios de salas de belleza, cervecerías, car wash y otros pequeños negocios, indicó.

El fiscal de caso dijo que dentro de las investigaciones tampoco se ha podido establecer si los propietarios de los negocios detenidos hayan sido víctimas en un primer momento del delito de extorsión por parte de la estructura y que en todo caso, no existe ninguna denuncia registrada en el sistema.

La Fiscalía, agregó, solicitó en el requerimiento la detención provisional contra los sospechosos y un periodo de seis meses de instrucción para poder profundizar las investigaciones, las cuales calificó de complejas por el tipo de delito y la forma del manejo de dinero que hacían estos negocios, muchos de los cuales no tienen una contabilidad formal ni declaran en el sistema tributario nacional.

“Solicitamos una detención provisional para continuar con la investigación, es una investigación bien compleja, porque se debe analizar muchos aspectos financieros, tenemos informes de peritos contables que han analizado la situación financiera de estas personas; tenemos información testimonial, tenemos actas de pesquisas policiales, información financiera, actas de vigilancias, diferentes testigos que nos acreditan la forma que estas personas operaban e invertían su dinero en este sector”, dijo.

Según la información que maneja la Fiscalía y que confirmaron en las investigaciones, este grupo viene operando de esta forma desde 2005, al ver que el dinero producto de los ilícitos no podían moverlo en el sistema financiero del país.

La audiencia inicial por este caso fue programada para mañana en el Juzgado Especializado de Instrucción A de esta capital.

El resto de los detenidos durante la Operación Cuscatlán, capturados en las zonas paracentral, occidental y oriental del país, también fueron acusados anoche por la Fiscalía. Sin embargo, al cierre de esta nota se desconocían los delitos que les imputaron ante los juzgados especializados.

Este caso será llevado a través de la División de Crimen Organizado de la Fiscalía, dijo la fuente.

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