Ordenan a alcaldía pagar deudas de alcaldes anteriores

Son cinco órdenes judiciales que suman más de $60,000, y hay otro proceso en marcha por $22,500, que debe pagar la comuna de Salitrillo.
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Orden.  El Juzgado de lo Civil de Chalchuapa ordenó a la alcaldía de San Sebastián Salitrillo el pago de más de $60,000 a personas naturales y jurídicas por deudas adquiridas en los periodos 2012-2015 y 2015-2018.

Orden. El Juzgado de lo Civil de Chalchuapa ordenó a la alcaldía de San Sebastián Salitrillo el pago de más de $60,000 a personas naturales y jurídicas por deudas adquiridas en los periodos 2012-2015 y 2015-2018.

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El Juzgado de lo Civil de Chalchuapa ordenó a la alcaldía de San Sebastián Salitrillo el pago de poco más de $60,000 a al menos cuatro proveedores de servicios con los que adquirió compromisos durante los periodos de 2012-2015 y 2015-2018, incluyendo al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), por una deuda de $35,374.80 en concepto de cuotas laborales dejadas de pagar durante esos periodos.

El pago, según la orden judicial, debe hacerse efectivo sin falta, para lo cual ordena a la alcaldía buscar la forma para cancelar las deudas, ya sea mediante acuerdo de pago con los proveedores o incorporando el pago dentro del presupuesto municipal.

Dentro de las deudas ordenadas a cancelar se encuentran también algunas adquiridas con personas naturales que han prestado servicios a la comuna, por ejemplo, un organizador de eventos, al que se le debe cancelar la cantidad de $10,500 por la organización de la elección de la reina de festejos patronales. A otra persona natural, que brindó servicios de construcción de aulas y servicios de supervisión de otro proyecto de construcción en dos centros escolares del municipio, por un monto de $10,313.74. Un cuarto caso por el que se ordena el pago de $4,097.92, es a una sociedad que elaboró una carpeta técnica para un proyecto.

Un asesor de la municipalidad aclaró que todas estas deudas vienen desde las administraciones de los exalcaldes Francisco Castaneda (2012-2015) y Ana Mercedes Aguilar de Ochoa (2015-2018), quien actualmente se encuentra procesada por el delito de apropiación o retención de cuotas laborales.

El asesor detalló que también existe otro proceso judicial de cobro en marcha, por una cantidad de $22,500 por adquisición de material selecto durante la administración de Aguilar de Ochoa, el cual seguramente culminará en la orden judicial de pago para la actual administración, con lo que sumarían más de $80,000 de deudas heredadas por cancelar.

El actual alcalde, Hugo Calidonio, señaló que esta situación definitivamente afectará la situación financiera de la comuna, pero sobre todo la ejecución de proyectos en las comunidades.

"Estamos haciendo números, viendo cómo vamos a hacer para pagar estos embargos que son de las administraciones pasadas y que nos afectan directamente al desarrollo del municipio, con ese dinero nosotros podemos hacer muchas obras más y lamentablemente los administradores pasados hicieron créditos y proyectos y nunca pagaron", lamentó el jefe municipal. Calidonio señaló que están haciendo las gestiones necesarias para poder llegar a acuerdos con los acreedores y establecer las formas de pago, al tiempo que indicó que también están trabajando en lo ajustes necesarios para afectar a lo menos posible los proyectos municipales que ya estaban planificados.

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