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Ordenan captura de ocho familiares por lavar $18 mill

Además, el juzgado decretó congelar las cuentas bancarias e inmuebles de los acusados que continúan prófugos.
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El Tribunal Especializado de Instrucción A de San Salvador decidió girar órdenes de captura contra ocho miembros de la familia Flores Batres, a quienes la Fiscalía General de la República (FGR) acusa de lavar más de $18 millones. Los imputados que estaban prófugos fueron identificados como Sandra Yasmín Flores Batres, María Verónica Rodríguez de Flores, Sonia Maricel Amaya, Elías Geovany Flores Batres, María Brígida Márquez, Rosa Delmy Amaya Márquez, Jesús Anabel Flores Batres y el supuesto líder la estructura, José Adalberto Flores Batres.

Las cuentas bancarias e inmuebles del grupo familiar serán congelados durante los cuatro meses de investigación, que es el tiempo que el juzgado decretó ayer durante la audiencia de imposición de medidas. La única capturada por el caso es Jesús Anabel Flores Batres. El 29 de julio pasado este mismo juzgado decidió decretar la detención contra ella debido a que no pudo justificar $450,000. La acusada aseguró en ese momento que no entendía por qué la Policía Nacional Civil (PNC) la capturó, si se dedicaba “a trabajos domésticos”.

Según información que proporcionó la fiscal del caso, desde 2008 la familia comenzó a enriquecerse. Supuestamente el dinero proviene de una empresa ubicada en Perú. La fiscal dijo que es poco probable que el dinero sea de origen lícito. “Lo raro es que llevó dinero de acá (El Salvador) cuando la fuente generadora, según ellos, es Perú”, explicó la fiscal durante la audiencia contra Jesús Flores Batres.

Otro de los aspectos que identificó la Fiscalía son los movimientos bancarios que realizó la madre del supuesto jefe de la estructura, Rosa Batres Viuda de Flores, de 80 años. Ella, según la FGR, movilizó en el sistema financiero $4.8 millones en sus cuentas desde 2008 hasta 2014.

“La señora Rosa Batres Viuda de Flores extrañamente ha movilizado en sus cuentas bancarias, a la edad de 80 años, más de $4 millones. De eso, $2 millones han sido inmovilizados por la Unidad de Investigación Financiera y ratificados por un tribunal de paz de San Salvador”, explicó Jorge Cortez, jefe fiscal de la Unidad de Investigación Financiera, cuando incautaron las propiedades.

La FGR sospecha que los ochos prófugos continúan en el país.

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