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Ordenan capturar a 7 policías y 3 civiles por feminicidio de agente Carla Ayala

Entre las órdenes de captura se encuentra una contra el exjefe del Grupo de Reacción Policial (GRP) Julio César Flores Castro.

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La agente Carla Ayala desapareció en diciembre del 2017 después de una fiesta del GRP. Foto LPG/Archivo

La agente Carla Ayala desapareció en diciembre del 2017 después de una fiesta del GRP. Foto LPG/Archivo

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La Fiscalía General de la República (FGR) giró diez órdenes de captura contra siete agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y tres civiles por el feminicidio de la agente Carla Ayala.

Los delitos por los que se han girado las capturas son feminicidio agravado, encubrimiento, incumplimiento de deberes y complicidad en el caso de la agente. En estas órdenes se incluye a dos policías que ya estaban siendo procesados. Ellos son Wilfredo Déras Hernández y Ovidio Antonio Pacheco Morales. Ellos fueron intimados el sábado 2 de junio por feminicidio agravado.

Entre los capturados se encuentra el exjefe del Grupo de Reacción Policial (GRP) Julio César Flores Castro. Él fue detenido el sábado frente a su vivienda en Quezaltepeque (La Libertad) por incumplimiento de deberes.

Este había sido suspendido de su cargo de manera indefinida, a finales de abril pasado, cuando se desempeñaba como subjefe de la delegación policial de Soyapango, cargo en el que había sido reasignado tras la disolución del GRP.

Julio César Flores Castro, exjefe del extinto Grupo de Reacción Policial (GRP). Foto LPG/Archivo

Flores es quien invitó a la policía Ayala a la fiesta del GRP tras la cual ocurrió la desaparición. Extendió la invitación por medio de una llamada telefónica que él hizo a la Unidad de Investigación Disciplinaria donde trabajaba la policía. Por otra parte, el imputado manifestó a la Fiscalía que no la conocía personalmente y que esto ocurrió hasta el día de la fiesta.

Carla también fue motivada a asistir a la fiesta por medio de su compañera de oficina Yenny Rosales, quien a la vez también fue invitada por  Flores mediante una conversación por WhatsApp.

Otros de los capturados son: el agente Víctor David Castillo, acusado de feminicidio en calidad de cómplice no necesario; el agente Edgardo Alfonso Chavarría Castillo, por encubrimiento y el ex agente del GRP, Alex Ovidio Lopez Martínez, por incumplimiento de deberes.

El director de la PNC, Howard Cotto, dijo hoy en el programa radial Pencho y Aida que estas detenciones son un "avance" pero que no significa que el caso finaliza ahí. "Esto es solo un paso más de la investigación", expuso. Detalló que la operación inició el viernes en la tarde y finalizó en la mañana de este lunes.

Desde la desaparición de Ayala, el 28 de diciembre del 2017, tanto la PNC como la Fiscalía han manifestado dificultades para resolver el caso alegando que el principal acusado, el agente Juan José Castillo -acusado de herir y desaparecer a la policía- y sus colaboradores sabían cómo borrar evidencias por haber pertenecido a una unidad élite de la PNC.

Según dijo hoy Cotto, Castillo aún continúa prófugo. Por otra parte, dijo que ya tienen "bastante claro" cuál fue el recorrido del vehículo en que viajaba Ayala pero que hay algunos detalles que se definirán en la reconstrucción.

También está prófugo Pablo Antonio Estrada Villalobos, quien laboraba en la jefatura del GRP y se encontraba de servicio en la sede el día del hecho. Está acusado de incumplimiento de deberes.

Primera reconstrucción. Autoridades llegan a la calle La Gloria y prolongación del bulevar Constitución, donde fue lesionada la policía Carla Ayala. Foto LPG/Francisco Alemán

Las autoridades realizaron dos reconstrucciones de los hechos para tratar de esclarecer lo ocurrido en la noche de la desaparición de Ayala. Una se desarrolló el pasado 23 de marzo y la otra el 29 de mayo.

(Video de la primera reconstrucción)

En esta última se conoció sobre la existencia de unos videos que podrían haber grabado la huida de Castillo de la sede del GRP. Se supo a raíz de lo dicho por uno de los imputados del caso, Antonio Linares, sobre que la Fiscalía debía haber pedido las grabaciones de dos cámaras de videovigilancia de los vecinos pero que creía que esto no se había hecho.

Segunda reconstrucción. El agente Antonio Pérez Pineda relata el momento en que Castillo abordó un vehículo para huir. Foto de LA PRENSA/Franklin Zelaya

La fiscal del caso, Guadalupe Chavarría, se justificó diciendo que sí contaban con dichos videos, así como con la triangulación de antenas para ubicar los celulares de los involucrados, pero que esas pruebas serían presentadas "en su debido momento". Esto provocó una controversia, pues el juez Roberto Arévalo Ortuño dijo que tales videos no constaban en el expediente judicial y reclamó que la Fiscalía no lo hubiese notificado y catalogó como una "falta de respeto" el hecho de que se reserve un elemento tan importante como ese.

Por su parte, Cotto opinó hoy que "un video no sustituye una reconstrucción, ya que esta sirve para contrastar las declaraciones de un imputado y lo que sucedió, ya que  ahí afloran otros elementos".

 

 

 

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