Ordenan cárcel para policía por falsedad y estafa

Habría pedido dinero de manera fraudulenta haciendo creer a una persona que su vehículo estaba alterado.
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Proceso.  El proceso seguirá siendo conocido por el Juzgado de Instrucción de Sensuntepeque, que determinará si el agente es llevado a juicio.

Proceso. El proceso seguirá siendo conocido por el Juzgado de Instrucción de Sensuntepeque, que determinará si el agente es llevado a juicio.

Ordenan cárcel para policía por falsedad y estafa

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El agente de la Policía Nacional Civil (PNC) Roberto Enrique Martínez Hernández permanecerá en prisión mientras dure el proceso penal en su contra por alterar documentos e inventar alteraciones en un vehículo particular, confirmó la fiscalía.

El agente es procesado por los delitos de estafa agravada y falsedad material. El Juzgado Segundo de Paz de Sensuntepeque le decretó la instrucción formal con detención provisional.

De acuerdo con el informe fiscal, un grupo de policías –uno de ellos, Martínez– mantenía un control vehicular el 24 de agosto del año pasado en la calle que conduce a Ciudad Dolores, jurisdicción de Sensuntepeque.

Los agentes detuvieron al hijo de la víctima, y Martínez le solicitó los documentos de conducir, revisó el auto, y según la declaración del ofendido, cuando vio la placa del VIN (que va sobre el motor) con una navaja que portaba la arrancó del vehículo.

Martínez le aseguró al motorista que el auto presentaba alteraciones, “pero no te lo voy a decomisar, porque conozco a tu mamá”, afirmó que fueron las palabras del agente.

Posteriormente, llegó un vehículo policial, según la denuncia, que los primeros agentes habían llamado, y uno de ellos le impuso una esquela por el vencimiento de la tarjeta de circulación y porque el conductor no tenía licencia.

Mientras que Martínez le entregó un papel con su nombre, su número de teléfono celular y la frase “VIN alterado con remaches comerciales y no son originales de fábrica”, para que se lo llevara a su mamá.

La madre del conductor recibió el recado y llamó al número de celular que estaba anotado, y acordaron hablar personalmente.

El agente policial llegó ese mismo día a la casa de las víctimas. Cuando se reunieron el imputado le reiteró a la víctima que “tenía un grave problema con el carro porque el número del VIN no coincidía”, pero que conocía a alguien que podía arreglarlo por $200.

Al día siguiente, según la denuncia, el agente llegó uniformado a la vivienda de las víctimas a traer el dinero y le solicitó al propietario del vehículo una copia de sus documentos personales así como la escritura de compraventa del auto.

El 28 de agosto, el imputado llegó a la vivienda de las víctimas y les entregó un documento firmado por un abogado, en el que calificaba de “una equivocación” el asegurar que el auto tenía alterado el número de VIN y les regresó a las víctimas $100.

En las investigaciones fiscales y que constan en el proceso, como prueba, se establece un escrito de la directora general de Tránsito, en el que manifiesta que el licenciado que firma la nota entregada por el incriminado no labora en la institución policial, que no se tiene autorización para realizar este tipo de inspecciones policiales que llevó a cabo Martínez y que el auto no tiene alteración alguna.

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