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Organizaciones denuncian que el Ministerio de Cultura aceptó el pago de 987 salarios mínimos como sanción por daños en sitio arqueológico Tacushcalco

Dijeron que las autoridades del Ministerio de Cultura eliminaron las medidas de protección sobre el sitio arqueológico.

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Foto LPG: Cortesía.

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Asociaciones de pueblos indígenas, organizaciones ambientales, de Derechos Humanos y comunidades locales afectadas denunciaron ayer por la tarde, 12 de octubre,  supuestas  arbitrariedades cometidas por el Ministerio de Cultura en  el proceso para la protección del sitio arqueológico Tacushcalco y el río Ceniza, situados en el departamento de Sonsonate.

Los representantes de los diferentes movimientos señalaron que el Ministerio de Cultura  continúa permitiendo la destrucción de ambos sitios por parte de la empresa Fénix S.A de C.V. luego de haber aplicado como sanción  el pago de 987 salarios mínimos a la empresa por los  daños ocasionados.

“Desde el 2017 hasta la fecha el Estado ha permitido la impunidad de una empresa que destruye nuestro sitio sagrado (Tacushcalco) y un río (Ceniza), que destruye prácticamente la vida de miles de ciudadanos que utilizamos el río, y que trata de borrar nuestra cultura, el legado de nuestros antepasados”, dijo Román Cartagena del movimiento Tacushcalco.

Los denunciantes afirmaron que a  pesar de la existencia de elementos que comprueban la construcción de un proyecto urbanístico de  la empresa Fénix S.A de C.V sobre el sitio Tacushcalco,  El Ministerrio de Cultura  eliminó las medidas de protección sobre el sitio arqueológico,  lo que consideran una oportunidad para que esta empresa para continúe destruyendo el sitio sagrado.

Debido a la reforma judicial aprobada por el oficialismo que derivó en el cambio de jueces,  el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, que conoce el caso de la destrucción de Tacushcalco y el río Ceniza   ha sufrido una reconfiguración, lo que temen podría alterar las garantías del proceso judicial apartando a dos testigos claves en el caso, como lo habría solicitado la empresa. 

Foto LPG: Cortesía.

La vista pública del caso Tacushcalco ha sido suspendida en tres ocasiones.  

“Si existe una  incorporación a la terna de jueces que se dé continuidad al proceso que no se obstaculice más. Buscamos que el Tribunal de Sentencia ejerza con plena libertad judicial, y q se genere una sentencia proteccionista de cultura y medio ambiente en el país. Qué  se determine si el daño causado es subsanado y si no que enfrenten las consecuencias jurídicas”, comentó Ariela González, abogada de FESPAD.    

Instaron al Ministerio de Cultura a  priorizar el interés público, además, de la cultura y la salud de los pueblos indígenas, por sobre intereses de empresas privadas. 

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