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Organizaciones piden a Corte Suprema anular Ley de Amnistía

La iniciativa fue respaldada por el exjuez español Baltasar Garzón.
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Demandas.  Baltasar Garzón (izquierda), exmiembro de la Audiencia Nacional de España, acompañó la presentación de las demandas.

Demandas. Baltasar Garzón (izquierda), exmiembro de la Audiencia Nacional de España, acompañó la presentación de las demandas.

Organizaciones piden a Corte Suprema anular Ley de Amnistía

Organizaciones piden a Corte Suprema anular Ley de Amnistía

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Cuatro instituciones se unieron para presentar ayer una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que anule la Ley de Amnistía aprobada hace 20 años por la Asamblea Legislativa. La iniciativa fue acompañada por el exjuez español Baltasar Garzón.

Los representantes del Instituto de Estudios Jurídicos de El Salvador (IEJES), del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) y del Instituto de Estudios de la Mujer (CEMUJER) aseguraron que cuentan con nuevos argumentos para que la demanda sea admitida.

“Nos estamos basando sobre todo en el principio democrático que plantea, como debe de ser, el proceso de formación de leyes, y en eso hubo una violación en la Ley de Amnistía”, dijo Félix Ulloa, representante de IEJES, quien agregó que la ley fue aprobada con dispensa de trámites y sin los votos de dos fracciones, PDC y CD, quienes se habían retirado del Salón Azul el 20 de marzo de 1993.

El segundo argumento está basado, según explicó Pedro Martínez, abogado del IDHUCA, en que los tratados de Ginebra de 1977 hablan de que puede haber amnistía, pero que esta no puede ser total y absoluta.

“Esta Ley de Amnistía trata de proteger a personas que cometieron graves violaciones a los derechos humanos, (que) cometieron graves delitos que, según las normas, no son amnistiables, que son imprescriptibles, y que por esta ley no se puede proceder contra ellos en El Salvador”, justificó Ulloa.

Garzón aseguró que la Ley de Amnistía no está acorde con la Constitución, en tanto sea el vehículo para impedir el acceso a la justicia y la investigación de crímenes de humanidad.

El otro recurso que presentaron las organizaciones considera que es inconstitucional el artículo 32 del Código Procesal Penal, que establece que los delitos son prescriptibles en cierto tiempo. “Eso no es posible porque hay tratados que plantean que los crímenes de tortura y genocidio no pueden prescribir. Por lo tanto, violan los tratados internacionales que son muchísimo anteriores al Código Procesal Penal”, planteó Martínez.

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