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Órgano Judicial con aumento de gastos en bonos, seguros y vehículos

Magistrados de la Corte Suprema de Justicia coinciden en la necesidad de revisar el plan de gastos de la institución para cumplir con la reciente sentencia de la Sala de lo Constitucional, lo que podría anular la entrega de bonos de $1,000 para los empleados judiciales a partir de diciembre.
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Órgano Judicial con aumento de gastos en bonos, seguros y vehículos

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El Órgano Judicial ha tenido un aumento sostenido en el gasto de beneficios adicionales para empleados (entre ellos bonos), seguros médicos, viajes y compra de vehículos en los últimos años, según datos del gobierno central.

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De acuerdo con la información, el Órgano Judicial destinó $6.4 millones para otorgar beneficios adicionales a sus empleados en 2008; sin embargo, ese monto subió a $17.4 millones en este año. Lo que refleja un aumento de $11 millones.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) para viajes destinó $93,740 en 2008, esa cifra subió a $183,800 para este año. Lo mismo ocurrió con la partida presupuestaria de primas y gastos de seguros con $1.4 millones en 2008 a $7 millones en 2017.

Ese aumento contrasta con la reciente sentencia de la Sala de lo Constitucional que declaró inconstitucional la Ley del Presupuesto General de la Nación de 2017, y ordenó parar contrataciones y aumentos salariales; inhabilitó financiamiento a ONG y prohibió seguros médicos privados para funcionarios y jefaturas de los tres órganos de Estado. Los magistrados de la sala consideraron que en el plan de gastos de este año están desfinanciadas las partidas para pagar del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP) el pago de pensiones del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA), la devolución de IVA a exportadores y la devolución del Impuesto sobre la Renta a contribuyentes.

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Distintos sectores han criticado que la Corte Suprema de Justicia es una de las instituciones del Estado que más aumento de gastos ha presentado en los últimos años. Según mandato constitucional, el Órgano Judicial tiene derecho al 6 % del presupuesto general de cada año.

Ayer, Rodolfo González, magistrado de la Sala de lo Constitucional, dijo que van a promover la revisión de todos los gastos en el Órgano Judicial, en alusión a la sentencia que ordenó ajustes en el plan de gastos para este año. “Para nada hay una idea de privilegiar a un órgano sobre otro, todos tenemos que hacer un esfuerzo de ajustes para que no se den las distorsiones detectadas que se describen en el fallo”, dijo al salir de una entrevista televisiva, tras ser cuestionado sobre los gastos en la CSJ.

Sin embargo, el presupuesto de este año del Órgano Judicial contempla la entrega a de un bono de $1,000 para finales de año a todos los empleados judiciales.

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El magistrado González afirmó ayer que se debe aprovechar la elaboración del proyecto de presupuesto para la Corte Suprema para el próximo año y revisar si se incluyen esas prestaciones e incluso parar la de este año. “Se tiene que revisar (la entrega del bono). En la sentencia se hace referencia a funcionarios, a jefaturas en el que no tendríamos el porqué estar incluidos, y se tiene que revisar en todo el Estado prestaciones adicionales que le imponen una carga exorbitante, una presión a las finanzas públicas que terminan en las distorsiones señaladas en la sentencia de la semana pasada”, dijo.

María Luz Regalado, presidenta de la Sala de lo Civil, coincidió con González en revisar el presupuesto de la institución: “Hay que revisar el presupuesto y si hay necesidad de hacerlo, habrá que hacerlo”; sin embargo, señaló que no podría adelantar sobre qué medidas se podrían tomar para ahorrar fondos “porque habrá que hablar con la parte financiera de la Corte Suprema de Justicia”.

Regalado dejó claro, además, que como órgano de Estado están obligados a cumplir las sentencias de la Sala de lo Constitucional.

Doriz Luz Rivas Galindo, presienta de la Sala de lo Penal, también se mostró a favor de revisar el presupuesto del Órgano Judicial; pero señaló que “hay derechos adquiridos de los trabajadores”; por lo que “sería complicado (con los bonos). Hay que revisar cuántos son los montos en el presupuesto que se dedica a eso porque parece que no hay claridad en ello”.

El magistrado presidente de la CSJ y de la Sala de lo Constitucional, Armando Pineda Navas, argumentó en su voto de la sentencia que “algunas prestaciones establecidas por ley, como ejemplo, Ley de la Carrera Judicial, no pueden implicar una desmejora como se ha consignado en la sentencia... Disiento en cuanto a reducir prestaciones relativas a la salud de servidores públicos”.

Sin embargo, González dijo que en distintas instituciones se dan prestaciones adicionales, por lo que “los derechos del trabajador están garantizados en la Constitución, pero cuando se orienta buena parte de los presupuestos de las instituciones para prestaciones laborales en detrimento como equipo o insumos hay una distorsión que tiene que ser revisada”, aclaró.
 
 

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