Otorgan beneficios procesales a custodios de centros penales

Como PNC y FAES, podrán quedar en resguardo y no encarcelados, si lesionan o matan en defensa propia.
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Los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron el miércoles pasado en su sesión plenaria una reforma al Código Procesal Penal para incluir a los custodios de los centros penitenciarios, a los custodios de los centros de resguardo para menores de edad y al personal administrativo de la Policía Nacional Civil (PNC) en los beneficios procesales de los que ahora gozan los miembros de la PNC y de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), cuando actúen en defensa propia o en cumplimiento de su deber, como por ejemplo la defensa de la vida de las demás personas.

Los beneficios se resumen en que las autoridades no serán encarceladas como reos comunes cuando lesionen o maten en defensa propia, o en defensa de la integridad y la vida de las demás personas. En lugar de ser encarcelados, pasarán a esperar los procesos judiciales “en resguardo”, es decir que aguardarán por la investigación fiscal y por la decisión del juez, ya sea en los cuarteles o delegaciones, pero no ejercerán servicio como autoridades.

Los legisladores que dieron su voto a la nueva reforma consideraron que desde enero de 2014 ya se habían establecido condiciones especiales de resguardo para los miembros de las entidades mencionadas cuando afecten un bien jurídico protegido en el ejercicio de sus funciones. “En razón de lo anterior, se vuelve necesario ampliar dichas condiciones especiales de resguardo para el personal penitenciario, para el personal de resguardo de menores y para el personal administrativo de la Policía Nacional Civil, en vista de que estos también sufren ataques criminales o están proclives a lesionar bienes jurídicos tutelados en razón de sus funciones”, se lee en los considerandos del decreto de reforma, que fue aprobado con 80 votos de los diputados.

Se razonó que este personal permanece bajo amenaza constante, “incluso en su período de licencia”, por lo que se convierte en blanco de ataques generalizados por parte de delincuentes o las estructuras criminales, “por la simple razón de las funciones que realizan o pertenecer a determinada entidad encargada de proporcionar seguridad a la población”.

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