Luego de que miles de personas fueran retiradas por militares de la entrada principal del Centro Penitenciario La Esperanza, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) informó ayer que "avalaba el nuevo mecanismo de atención a los familiares".

La PDDH informó que realizaron la verificación en Mariona del 21 al 24 de mayo y que considera "acertadas" dichas acciones.

Eso pese a que fue la misma institución, Centros Penales, la que provocó en un inicio el revuelo de las familias ante la desinformación que mantuvo sobre los capturados desde el inicio del régimen de excepción.

Durante varios días miles de personas llegaron a preguntar a diferentes centros penitenciarios para pedir información y no les fue proporcionada. Ante la situación, comenzaron a quedarse a dormir afuera de Mariona y del penal de Izalco (Sonsonate), donde han sido llevados la mayoría de capturados en el régimen.

Tuvieron que pasar 58 días para que Centros Penales desarrollara una medida para proporcionar información a las familias. En la puerta de Mariona fue pegado un rótulo que indicaba que se comunicarían con cada familiar ante la liberación de reos.