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PDDH resiente que CSJ no considere sus argumentos en caso jesuitas

El procurador mencionó que se debe de trabajar con la justicia española, que pide la extradición de cuatro militares vinculados para resolver el caso jesuitas.
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El Procurador de los Derechos Humanos, David Morales, lamentó que los argumentos emitidos por la institución que dirige, en torno al caso de los sacerdotes jesuitas asesinados en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas en 1989, no han sido objeto de discusión en la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

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Además, arremetió contra los magistrados de la CSJ por abstenerse de conocer la solicitud de extradición contra cuatro militares imputados en el asesinato de los jesuitas, acusados ante la Audiencia Nacional de España.

“En su escrito, en el que se abstiene de conocer el magistrado Sidney Blanco, solicitó que otros magistrados que ya habían participado del caso también se abstuvieran para dar plenas garantías de imparcialidad en la decisión. Ese el caso  de los magistrados Rodolfo González y Belarmino Jaime, que continúan conociendo, no está claramente justificado las razones por las cuales continúan en conocimiento del caso”, lamentó Morales.

El procurador mencionó que podría haber impunidad y llamó a la CSJ para que sean considerados los derechos humanos. “La masacre de la UCA fue delito de lesa humanidad que no está incluido en la amnistía; hay que colaborar con la extradición”, expresó.

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También pidió que la Corte incorporar a sus debates el análisis de la aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el análisis de las recomendaciones de diferentes organismos de protección y justicia para aplicar las normas internacionales en el caso de la masacre de los padres jesuitas.

“Vemos que ha habido movimiento de familiares, partidos políticos para presionar a la Corte Plena. Pensamos y tenemos el temor que la CSJ tome una decisión política como lo ha hecho en casos anteriores”, expresó el actual director de la UCA, Andreu Oliva.

En 2012, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) negó la extradición de varios de los señalados en el caso jesuitas y, en 2011, determinó que las difusiones rojas de la Interpol son "un mecanismo eminentemente de búsqueda y localización policial de fugitivos" que no autorizaba la captura.

Fue hasta en agosto de 2015 que la Sala de lo Constitucional desestimara los alegatos y debido a que las "notificaciones rojas exceden de ser órdenes de localización de imputados" porque "también habilitan la captura del incoado o la limitación de sus desplazamientos".

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