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PDDH y ONG rechazan que menores sean juzgados como adultos

La reforma de los artículos 52 y 54 de la Ley Penal Juvenil permite procesar judicialmente a menores.
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Demandan  ONG exigen que los jóvenes tengan un trato especial para su reintegración social.

Demandan ONG exigen que los jóvenes tengan un trato especial para su reintegración social.

PDDH y ONG rechazan que menores sean juzgados como adultos

PDDH y ONG rechazan que menores sean juzgados como adultos

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En el marco de la reciente aprobación en la Asamblea Legislativa de las reformas a la Ley Penal Juvenil que estipulan que los menores de 18 años serán juzgados como adultos, los representantes de la sociedad civil ante el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (CONNA) se pronunciaron ayer en contra de esas medidas porque “vulneran los derechos humanos de los jóvenes”.

“Nosotros no hemos dicho que no se castigue a los menores. Sin embargo, estamos pidiendo a la sociedad y a las instituciones del Estado que no criminalicen a los niños y que creen programas de prevención contra la violencia”, dijo la representante de la Fundación Dolores Medina, Martta Portillo.

El procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, David Morales, dijo haber insistido en la Asamblea Legislativa que al considerar reformas en la Ley Penal Juvenil consulte a las entidades especializadas con el fin de proteger a la niñez. Lamentó que algunos discursos políticos culpen a la adolescencia de la situación de violencia sin fundamentos estadísticos; ya que, según Morales, no participa ni en el 10 % de los crímenes a escala nacional.

“Algunos niños que delinquen lo hacen por instrumentalización, manipulación e inclusive trata y esclavitud por parte de los adultos. Las organizaciones deben elevar su voz para garantizar un tratamiento diferenciado a los jóvenes”, dijo.

El gerente de programas Plan Internacional, Adolfo Vidal, señaló que los niños se han convertido en un medio de ejecución de actividades delictivas de los adultos y que ellos tienen bajo nivel de responsabilidad ante estos crímenes.

De acuerdo con la PDDH, el sistema de justicia de El Salvador interviene ante los adolescentes que han violado la ley. “Si colocamos en un sistema penal a un niño de 12 años con una condena de 30, va a salir un hombre de 42 años como un criminal especializado. Parece una medida fuerte que agradaría a la población, pero en la práctica generaría resultados negativos”, expresó Morales.

Las organizaciones participantes, Fundación Silencio, Fundación Dolores Medina, Plan Internacional y Educo, manifestaron que las reformas hechas a la ley contradicen lo descrito en la Constitución de la República, en la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia (LEPINA) y en la Convención sobre los Derechos del Niño. Además, dieron a conocer su descontento con el Estado por la falta de interés y financiamiento a programas de reinserción para los niños y jóvenes.

La directora ejecutiva de Educo, Alicia Ávila, instó al Estado a encontrar una solución ante la situación de inseguridad y violencia del país que no circunscriba a la criminalización y mayor penalización de los jóvenes que están siendo víctimas de la misma, sino que se aborde integralmente y en un esfuerzo de país. “El Salvador debe apostarle al desarrollo y la potenciación de sus ciudadanos más jóvenes”, concluyó.

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