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PDDH y otras instituciones solicitan apoyo internacional para meditar una salida ante alteración del orden constitucional

El procurador de Derechos Humanos de El Salvador, Apolonio Tobar, llamó este domingo a la Organización de los Estados Americanos (OEA) a mediar para una salida pacífica a la "alteración del orden constitucional" que, a su juicio, enfrenta el país.

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Esta tarde, el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional-Sección El Salvador (IIDC SV) condenó las recientes acciones del bloque oficialista de la Asamblea Legislativa (AL), que en su primera sesión plenaria destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al Fiscal General de la República. 

"Definitivamente, la acción de la AL constituye, a todas luces, un desmantelamiento del régimen constitucional y del sistema democrático del país y, a efectos materiales, es un golpe de estado que representa un retroceso de más de 40 en la evolución social y política de El Salvador", reza un comunicado de la institución. 

La IIDC SV también hizo un llamado a la comunidad internacional y a las organizaciones locales para que "repudien este ultraje al pueblo salvadoreño y a su incipiente democracia". Pues, expresaron, que la historia ha demostrado que el uso de vías autoritarias termina en una "masiva violación a los derechos humanos" y en una "profunda crisis económica". 

Por su parte, el procurador de Derechos Humanos de El Salvador, Apolonio Tobar, llamó este domingo a la Organización de los Estados Americanos (OEA) a mediar para una salida pacífica a la "alteración del orden constitucional" que, a su juicio, enfrenta el país.

"Hago un atento llamado a la Organización de los Estados Americanos a interponer sus buenos oficios para promover gestiones diplomáticas necesarias que permitan concluir -de manera una pacífica- con la alteración del orden constitucional", señaló Tobar en un comunicado.

También llamó a las Naciones Unidas y a la comunidad internacional a mediar para "generar en El Salvador un clima positivo de gobernabilidad".

Además, Tobar pidió a los funcionarios públicos ejercer sus funciones "conforme al principio de legalidad y el respecto irrestricto de los derechos humanos".

El sábado tomó posesión la nueva Asamblea Legislativa, de amplía mayoría oficialista, y su primera decisión fue destituir a los magistrados propietarios y suplentes de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a quienes acusaron de "fraude a la Constitución" y de ejercer funciones propias del Ejecutivo en sus fallos sobre el manejo de la pandemia.

También votó por la destitución del fiscal general, Raúl Melara.

La OEA, con sede en Washington, rechazó este domingo la destitución de las autoridades en El Salvador y además las acciones del Ejecutivo liderado por Nayib Bukele "que guiaron estas decisiones".

El organismo interamericano advirtió que "cuando las mayorías imponen una visión única y uniformizada para el resto del sistema político, están socavando estos principios".

Al pronunciamiento de la OEA se sumó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que pidió al Estado salvadoreño respetar la sentencia de la Sala de lo Constitucional que declaró "inconstitucional la resolución de la Asamblea" y que garantice "la separación de poderes y el orden democrático".

El secretario de estado de EE.UU., Antony Blinken, expresó al presidente Bukele su "profunda preocupación" por la decisión de la Asamblea Legislativa de destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general.

En una declaración posterior a las destituciones y ante la reacción internacional, Bukele señaló el sábado en su cuenta de Twitter: "Estamos limpiando la casa (...) eso no es de su incumbencia". 

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