PGR ha subsidiado $17 mill a cerca de 40 mil detenidos

La Unidad de Defensoría Pública resiente que el Estado le asigne pocos recursos económicos y humanos para garantizar un derecho normado en la Constitución de la República.

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PGR ha subsidiado $17 mill a cerca de 40 mil detenidos

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Solo por una audiencia inicial por el delito de extorsión un abogado defensor particular cobra no menos de $750; si la audiencia es preliminar, por ese mismo delito, el precio sube a $1,000 y para cuando llega la vista pública (juicio), el acusado tendría que pagar unos $2,000, según las estimaciones de la Unidad de Defensoría Pública de la Procuraduría General de la República. Y entre audiencias iniciales, preliminares, vistas públicas, vistas de causas (juicios para acusados menores de edad) y otras diligencias, la PGR había subsidiado cerca de $17 millones, entre enero y julio de este año, para defender a 38,600 detenidos, todos adultos; la cifra variaría si se le suman las atenciones a menores infractores.

Es importante aclarar que la PGR no cobra ni un centavo por prestar estos servicios —o al menos no debería hacerlo: el defensor público que cobre debería ser denunciado ante la institución por corrupción—, sin embargo, más allá de esa cantidad de dinero, que se asume como parte de un presupuesto estimado de $25 millones anuales que recibe la autónoma, lo que la coordinadora nacional de la Unidad de Defensoría Pública, Rocío López, destaca es que no dan abasto con los recursos humanos de los que disponen: en total, 264.

“¿Por qué la Fiscalía sí tiene todo moderno? Ellos defienden a la supuesta víctima y nosotros al supuesto inocente. Al final es el juez el que decide, pero ambas partes deben tener igualdad de condiciones. Los defensores no tienen ni siquiera computadoras, todo lo hacen a mano”. Rocío López, coordinadora nacional de la Unidad de Defensa Pública de la PGR

Para la funcionaria, esa cantidad, frente a los casi 800 fiscales con los que cuenta la Fiscalía General de la República (FGR), para acusar a los mismos 38,600 detenidos conlleva a su personal a una sobrecarga inhumana.

“Si yo le hiciera el recuento de cuántos defensores nos han muerto aquí... de cáncer, de infartos, muchos padecen de la presión”, aseguró López, quien lleva 20 años trabajando en la PGR desempeñándose como defensora pública entre 1998 y 2007, como procuradora auxiliar entre 2007 y 2016 y desde marzo pasado en su cargo actual.

Según el artículo 12 de la Constitución de la República, el Estado tiene la obligación de asegurar todas las garantías necesarias para la defensa de toda persona a la que se le impute un delito. Y, según el inciso segundo del artículo 194 de la misma legislación, es la PGR la obligada a dar asistencia legal a las personas de escasos recursos económicos y representarlas judicialmente en la defensa de su libertad.

LA DEFENSA PÚBLICA COMO OBSTÁCULO

López afirmó: “Lo que pasa es que ven a la defensa pública como un obstáculo para hacer justicia”, cuando la Constitución advierte que nadie es culpable hasta no ser vencido en juicio.

“Si una política criminal no les funciona, entonces dicen: ‘Quitémosle capacidad a la defensa pública para ganar los casos’. Y no es así. Lo que un defensor público hace es que todo proceso judicial, desde un inicio hasta un final, sea legal. Tenemos a muchos defensores que están dando todo por ese gran derecho que es la libertad, porque aquí no se trata de ganar casos, se trata de que a una persona se le dé una sentencia justa, aunque termine condenada, pero que haya tenido una verdadera defensa técnica. El artículo 10 del Código Penal Procesal es claro: la defensa es inviolable, el imputado tiene derecho irrenunciable a ser asistido por un abogado de su elección o por uno gratuito provisto por el Estado”, señaló.

“Muchas personas lo primero que preguntan es: ‘¿Y usted lo va a defender?, pero si es culpable’. Estigmatizan. Nuestra Constitución y los tratados internacionales ordenan la defensa pública gratuita”. Morena Barraza, asistente de la Coordinación Nacional  de Defensoría Pública Penal de la PGR.

De los 264 defensores públicos que tiene el país, 143 son hombres y 121 son mujeres, repartidos en las 17 procuradurías auxiliares: la que más tiene es la de San Salvador, con 78 abogados, le sigue la de La Libertad, con 23; y la que menos tiene es la de Metapán, que solo tiene dos.

“Le soy franca, nuestros profesionales están sobrecargados, saturados de casos. Muchos se quejan de que su defensor no llegó a la audiencia, pero es porque estaba en otra audiencia y no podemos partirlo en dos. Es admirable la labor que realiza cada uno de ellos, con salarios de apenas $1,300, cuando un abogado particular se gana eso en una sola audiencia. A mí me gustaría que se enalteciera su trabajo”, destacó López.

¿CUÁNTO CUESTA INTENTAR RECUPERAR LA LIBERTAD?

Las estimaciones de la Unidad de Defensoría Pública Penal indican que lo menos que cobra un defensor particular por una audiencia preliminar en un caso de homicidio agravado son $1,500. Cuando el caso ya ha pasado a vista pública, el valor sube a $4,000. Las cifras son similares por los delitos de violación en menor e incapaz, homicidio simple, extorsión, robo agravado, tráfico y posesión ilícita.


$300:  es lo mínimo que cobra un abogado particular por una audiencia inicial para delitos como hurto o lesiones culposas.

19,323: personas adultas requirieron los servicios de la Defensoría Pública Penal durante los primeros siete meses del año.

1,780: adolescentes requirieron los servicios de la defensoría pública penal durante los primeros siete meses del año.

264: defensores públicos tiene la PGR para atender una demanda que ronda el 85 % del total de personas detenidas.


 

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