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PGR y CNJ sin presupuesto para tribunales especiales

Ambas instituciones advirtieron que la Asamblea Legislativa aprobó el decreto de creación de tribunales especializados para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres, pero en ningún momento les ha asignado un presupuesto adicional para hacerlo cumplir.
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De manera inaplazable, los tribunales especializados para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres deben comenzar a funcionar el 1.° de julio; en específico, el Juzgado Especializado de Instrucción, el Juzgado Especializado de Sentencia y la Cámara Especializada, tres instancias judiciales que tendrán su sede en San Salvador. Así reza el Decreto Legislativo 575, con fecha 20 de diciembre de 2016, que brinda la segunda prórroga a la entrada en vigor de otro decreto legislativo, el número 286, con fecha 25 de febrero de 2016, el cual ordena la creación de dichos tribunales.

En principio, debieron haber comenzado a funcionar el 1.° de junio del año pasado, pero luego de dos prórrogas, ahora son poco menos de tres meses los que le quedan a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), al Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) y a la Procuraduría General de la República (PGR) para acatar la disposición legislativa.

El CNJ ha echado mano de lo que ha podido y se ha apoyado en la cooperación extranjera para poder realizar las actividades que le competen en este asunto: “Una vez nos aprobaron el presupuesto, que por cierto nos lo redujeron en casi $300,000, recibimos una carta del Ministerio de Hacienda diciendo: ‘No nos vayan a pedir nada más justificando la petición en nuevas leyes’”. Así tal cual, expresó, con un poco de molestia por la advertencia, la titular del consejo, María Antonieta Josa, que rezaba la referida carta.

Según Josa, la institución tuvo que invertir cerca de $30,000 en todo el proceso de convocatoria, capacitación y selección de los futuros jueces que estarán empleados en los tribunales especializados (ver nota secundaria).

“Lo que hemos hecho es asumido el gasto y nos hemos apoyado con capacitadores nacionales y guatemaltecos, que cobran menos que uno extranjero. Siempre buscamos ahorrar, pero la cooperación nos ayudó con traer a una patóloga forense española y a un consultor de ética judicial argentino, pero nosotros les pagamos a los nacionales y a los guatemaltecos”, anotó.

La jefa de la unidad de género de la Asamblea Legislativa, Aracely Bautista Bayona, sumó pruebas de la escasez de fondos.

Bautista Bayona manifestó que “uno de los puntos que deben ser tratados con urgencia es ampliar la cuantía y el alcance del presupuesto destinado a estas instancias judiciales especializadas, con el fin de fortalecer todas las instituciones que trabajan el tema de la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres”.

“Van a empezar con $1.6 millones, pero se necesitan alrededor de $5 millones para poder cumplir”, explicó la jefa legislativa.

A lo anterior se suma que estos tribunales especializados no solo van a funcionar en San Salvador (atendiendo también los departamentos de La Libertad, Chalatenango, La Paz, Cabañas, Cuscatlán y San Vicente), sino que también tienen que ser creados los de Santa Ana (que atenderán a Ahuachapán y Sonsonate) y los de San Miguel (que atenderán a Usulután, La Unión y Morazán).

La coordinadora de las unidades de atención especializadas para mujeres de la PGR, Martha Bessy Chacón, también señaló que en ningún momento le han sido asignados fondos adicionales a la procuraduría para cumplir con las obligaciones que le implica la creación de estos tribunales.

La PGR ha tenido que maniobrar con el mismo presupuesto de todos los años para atender las 14 unidades especializadas en cada departamento del país. Y las necesidades llegan al grado de que algunas ni siquiera cuentan con el personal mínimo para funcionar como deberían, ya que desde ahí son enviados varios casos a los juzgados de Paz, que son los que van a tener la obligación de remitirlos a los nuevos tribunales, que hasta podrían sufrir un colapso por sobrecarga en sus primeros días.

“Estamos hablando de que en San Salvador tenemos cinco abogadas, tres psicólogas, dos trabajadoras sociales y la coordinadora social, que para mí es el equipo ideal, pero en el resto de los departamentos solo tenemos a dos personas: la abogada, que hace también de coordinadora, y una psicóloga. Hay tres unidades en las que ni siquiera tenemos psicóloga, solo la abogada está”, señaló.

Los problemas financieros crecen si se trae a cuenta que la prórroga para que comiencen a funcionar las sedes de Santa Ana y San Miguel vence el 30 de noviembre.
 

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