PNC espera proceso penal para sancionar a agentes por violar a compañera

Ministro de Seguridad dice que la fiscalía ha afirmado cosas falsas al decir que “la PNC entorpece investigaciones”.
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El ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, dijo ayer a este periódico que los cinco agentes de la División de Armas y Explosivos (DAE) de la Policía Nacional Civil (PNC) acusados de haber violado a una empleada administrativa de la institución policial siguen activos y sin sanciones. La razón, según el funcionario, es porque la corporación espera hasta que la Fiscalía General de la República (FGR) acuse formalmente a los agentes y luego espera a que un juez los condene o absuelva. Posteriormente, los agentes son sometidos a un proceso disciplinario para determinar el tipo de sanción que deben enfrentar o si son destituidos.

“En estos casos se le da la prioridad a la parte penal, porque esa es la que nos puede posibilitar la captura de los involucrados. Y después de capturados, la parte sancionatoria se activa. En estos momentos nos interesa más amarrar la parte penal y luego la disciplinaria”, explicó el ministro.

Ramírez Landaverde también dijo que la destitución de los cinco agentes podría ser la resolución de las unidades disciplinarias de la Policía, cuando revisen el caso.

“En estos casos se da  prioridad a la parte penal, porque es la que nos puede posibilitar la captura de los involucrados.  Después, la parte sancionatoria”. 

“Esperamos que, por la gravedad del caso, las diferentes instancias disciplinarias de la Policía hagan la parte que les corresponde y al final estas personas sean destituidas. En cuanto a la parte penal, nosotros esperaríamos sanciones duras y aleccionadoras en contra de estas personas que cometieron este hecho de esta gravedad”, dijo.

El titular de Seguridad agregó que la víctima de la violación ha sido beneficiada con medidas de protección, aunque no detalló cuáles, argumentando que esos detalles no pueden revelarse.

“Como en todos los casos de este tipo, se han tomado medidas de protección para la víctima. Esto también es de a cuerdo con lo que ha requerido la Fiscalía. Ya que las medidas de protección también son requeridas por esa instancia”, dijo.

La violación, según la denuncia de la víctima, ocurrió el 29 de septiembre en la cabaña 2 del rancho de playa de la Asociación de Miembros Retirados de la Policía (AMIRPON). En la violación participaron cinco agentes que habían estado bebiendo licor.

“Extrapolar”

El ministro también señaló que la fiscalía ha hecho afirmaciones “extrapolares” durante la investigación del caso GRP. De acuerdo con el funcionario, los fiscales del caso han acusado a la institución policial de entorpecer las investigaciones en contra de sus miembros.

“Deducir que es la institución en general la que tiene esta conducta (de entorpecer las investigaciones) es falso. La Policía ha demostrado en otros casos que tiene la voluntad y el profesionalismo de investigar”, dijo el ministro, refiriéndose a investigaciones en contra de diferentes grupos de exterminio.

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