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Hay contradicciones en la desaparición de la policía Carla Ayala

La hipótesis de la PNC es que la familia del agente prófugo simuló un entierro para esconder en un cementerio el cadáver de Carla Ayala, la policía desaparecida. Hermano del prófugo asegura que la mujer que enterraron era una tía.
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Fotos de LA PRENSA/Ángel Gómez  Custodia  Policías y soldados están custodiando el cementerio de San Francisco Javier, esperando orden de exhumación.

Fotos de LA PRENSA/Ángel Gómez Custodia Policías y soldados están custodiando el cementerio de San Francisco Javier, esperando orden de exhumación.

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Una mujer fue enterrada el 31 de diciembre del año pasado, a las 2 de la tarde, en el nuevo cementerio de San Francisco Javier, Usulután, sin velación ni actos fúnebres. De hecho, algunos de los habitantes ni siquiera se dieron cuenta, según corroboró este periódico en el municipio. Cuando investigadores de la Policía Nacional Civil (PNC) se enteraron del entierro silencioso, comenzaron a sospechar que esa mujer era Carla Ayala, la policía que desapareció después de una fiesta en el Grupo de Reacción Policial (GRP), luego de que el agente Juan Josué Castillo Arévalo la hirió con un arma de fuego, la privó de libertad y se la llevó en un vehículo policial hacia Usulután, según la versión oficial que el director de la PNC, Howard Cotto, ha relatado.

Joel Castillo, hermano del agente Juan Josué, aseguró ayer a LA PRENSA GRÁFICA que la mujer enterrada el 31 de diciembre era su tía Paula Castro. Aunque también dijo que no presenció el entierro.

“La Policía Nacional Civil se dará en los dientes al sacar de la tumba los restos de una persona diferente a la que andan buscando (Carla Ayala)”.
Hijo de Paula Castro,  mujer que supuestamente fue enterrada el 31 de diciembre en el cementerio de San Francisco Javier

“Yo estaba en bartolinas, detenido por este mismo caso, por eso no pude estar en el entierro de mi tía. Cuando salí es que yo me di cuenta de que habían enterrado a mi tía. Ya estaba bien señora, canosa, tenía como 90 años. Casi ni veía”, dijo Joel Castillo, parado sobre la entrada principal del terreno donde vive con sus padres y esposa. En ese mismo lugar también vivía Juan Josué Castillo, quien está prófugo desde el 29 de diciembre del año pasado.

“Es lo único que puedo decir. No los dejo pasar a la casa y tampoco les hablo más de este caso porque mis abogados me han asesorado diciendo que es mejor que no diga nada. Pero sí les digo que nosotros, como familia Castillo, no tenemos nada qué ver con la desaparición de la agente Ayala. Muy mi hermano es, pero es él quien se metió en todo esto, y él debe responder ante la justicia”, dijo.

El director de la Policía afirmó ayer que los investigadores encontraron que el documento médico que daba fe de la muerte de Paula Castro era irregular, porque un doctor de Ilopango aceptó haber firmado ese documento sin ver el cadáver. Por esa razón y por el entierro sin actos fúnebres es que la Policía pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) que solicite al Juzgado de Paz de ese municipio un permiso judicial para proceder a la exhumación (desenterrar el cadáver).

Un hijo de Paula Castro, quien vive a unas cuadras del cementerio, dijo ayer a este periódico que no quería seguir hablando del tema, que estaba cansado y que “la Policía se dará en los dientes al sacar de la tumba los restos de una persona diferente a la que andan buscando”. Agregó que está dispuesto a ser investigado por ese entierro, aunque también dijo que considera una ofensa que saquen el cadáver de su madre.

El síndico de la alcaldía del municipio, Ricardo Beltrán, dijo a este periódico que la familia Castillo llegó a pagar el derecho de enterrar a una mujer de nombre Paula Castro, y que los empleados de la municipalidad no observaron ninguna irregularidad.

“La alcaldía solamente hizo el trámite para que esa familia pudiera enterrar a esa mujer de nombre Paula Castro. A la alcaldía no le corresponde abrir los ataúdes para ver si es cierto”, dijo el síndico.

El cuidador del cementerio mencionó que el 31 de diciembre llegó al cementerio a las 7 de la mañana para abrirlo y dejar que la familia Castillo cavara el hueco para enterrar a la mujer.

“Como a eso de las 11 de la mañana me fui del cementerio. Yo no vi nada irregular. Tampoco vi el entierro, ni la caja, ni nada, porque eso fue a las 2 de la tarde y yo no estaba porque era el 31 de diciembre y tenía el día libre”, dijo el cuidador.

El fiscal general, Douglas Meléndez, dijo que la petición de realizar la exhumación fue enviada hasta ayer, porque durante el fin de semana hubo información difusa que había que aclarar.

“Tuvimos que clarificar algunos aspectos, porque aparecían tres tumbas inmediatas con las mismas características de tierra encima; es decir, tuvimos que determinar cuál de esas tres tumbas podría ser la sospechosa (...) hay indicios, pero hay que corroborarlo con la exhumación correspondiente”, dijo.

De acuerdo con el fiscal, si la hipótesis de la Policía es corroborada con un análisis de ADN, y resulta que el cadáver pertenece a Carla Ayala, los familiares del agente Castillo podrían haber incurrido en delitos.

El juez Saúl David Argueta dijo ayer a este periódico que todavía no ha resuelto sobre la solicitud de exhumación, porque la situación es compleja.

“Este tipo de cosas no se firman y ya. Hay que revisarlas con atención. Hay que estudiarlas. En su debido momento vamos a ver qué pasa. Aún no puedo hablar al respecto, porque un juez no puede adelantar sobre algo que aún no ha estudiado”, declaró.

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