PNC pide cambio de casa para agentes amenazados

PNC pide a FSV que suspenda el cobro de la cuota mensual a policías amenazados, que acepte como prima la vivienda que se abandone y que otorgue nuevo crédito.
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La Policía Nacional Civil (PNC) ha solicitado al Fondo Social para la Vivienda (FSV) que, ante la crisis de inseguridad que vive el país y las amenazas que reciben algunos policías en sus lugares de residencia, brinde facilidades para que los agentes que han sido amenazados puedan cambiar de vivienda.

La dirección de la PNC hizo tres peticiones a la presidencia del FSV en un oficio enviado el pasado 5 de marzo. En la primera aboga para que el fondo conceda un período de gracia de 12 meses y suspenda el descuento en planilla a los agentes que han recibido amenazas. Esto, según la petición, para que “el empleado policial disponga de mayor liquidez en su salario, para alquilar una vivienda y trasladarse de inmediato del lugar”.

La dirección de la Policía también le pide al fondo social que acepte como prima la vivienda donde reside el agente amenazado y que otorgue un nuevo crédito para una nueva vivienda ofertada por el Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO).

El director de la PNC, Mauricio Ramírez Landaverde, le hizo ver al presidente del FSV, Tomás Chévez, la “grave situación que el personal de la corporación y su grupo familiar están atravesando, como lo es las constantes amenazas en sus lugares de residencia”, según se lee en el oficio remitido. El jefe de la corporación también hizo referencia a los homicidios de agentes que han sido cometidos este año: 12 policías han sido asesinados entre enero y marzo. El caso más reciente es el del agente de la Policía Comunitaria Nelson Mauricio Panameño Vásquez, asesinado el viernes 27 de marzo en Usulután.

La tercera petición de la PNC es que se haga una excepción con los agentes que han sido amenazados y que “el personal que entregue su vivienda en dación de pago por problemas de amenazas a su vida y la de sus familiares sea exonerado de la política de 18 meses que actualmente tiene el FSV para optar a un nuevo crédito”.

El presidente del fondo, Tomás Chévez, explicó esta semana a LA PRENSA GRÁFICA que es muy prematuro adelantar si es viable acceder a alguna de las tres solicitudes, porque la junta directiva del fondo analizará el tema al regresar de las vacaciones.

“La junta directiva pidió más información y después de la junta directiva tiene que pasarlo a asamblea de gobernadores. Todavía no hay respuesta. En ese proceso estamos. Sería demasiado y casi irresponsabilidad de mi parte poder dar avances, porque tiene que ser visto por la junta directiva”, comentó Chévez.

Hasta febrero pasado, 4,575 empleados de la PNC tenían crédito con el Fondo Social para la Vivienda, con financiamiento por un monto total de $37.43 millones.

Los atentados contra policías y delegaciones de la PNC se han incrementado en las últimas semanas. Tres delegaciones han sido blanco de ataques con granadas durante marzo: la subdelegación de Ilobasco, un puesto policial de Guazapa y la delegación de San Marcos, donde este lunes fueron lanzadas dos granadas (lea nota secundaria).

El director de la Policía explicó a LA PRENSA GRÁFICA que la petición es parte de un conjunto de medidas que han tomado: “Estamos en esa gestión ahorita. Estamos en eso con ellos (FSV). Hay un avance, eso es lo que yo le podría decir ahorita. En eso estamos todavía. Con ellos hay reuniones, se está trabajando”.

La PNC ha redoblado medidas para blindarse de ataques. Los agentes cierran las calles aledañas a las delegaciones para evitar la circulación de vehículos por las noches. “Son acciones dentro de un conjunto de medidas. Esa es una de ellas. Son medidas de diferente naturaleza”, afirmó el director.

De ser aprobado, el período de gracia tendría una vigencia de abril de 2015 hasta diciembre de 2016, según una propuesta elaborada por técnicos del FSV.

“Tenemos una política bastante parecida para los usuarios que se quedan sin trabajo. Hay un período de gracia de 12 meses. Es una política general para todos los usuarios, pero, le repito, debe ser analizado por la directiva y la junta de gobernadores”, concluyó Chévez.

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