Pagar $130 para ser vecino de la PNC

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Cada mes, los residentes del reparto Las Castillejas en el barrio de San Jacinto, en San Salvador, pagan $130 por tener de vecinos a policías. Desde 2014, esa comunidad decidió pedir una cuota de $1.50 o más a los 80 habitantes, para mantener un puesto policial. Para que la PNC no se vaya de una colonia límite de dos pandillas rivales.

El puesto policial está a pocos kilómetros de la colonia Santa Marta 2, donde el 27 de febrero ocurrió el homicidio de un pandillero y donde fue atacado un policía. El inmueble tiene al menos 18 años y, según los residentes, antes tenía peores condiciones: tenían 10 colchonetas para que llegaran a descansar 24 policías. No tenían cocina ni refrigerador. Adriana (nombre cambiado) es parte de la junta directiva de esa comunidad. En 2014 fue a la subdelegación de la PNC de San Jacinto a entregar una carta para solicitar una reunión con un comisionado. En el documento pedían apoyo económico para reparar las estructuras dañadas del inmueble. Dos años después no han recibido respuesta. La comunidad continúa haciéndose cargo de los gastos. La Policía Nacional Civil (PNC) paga únicamente energía y agua; el resto, corre por cuenta de los vecinos. “Les hemos conseguido las sillas, las refrigeradoras, el televisor, la cocina se les ha donado platos y todo eso”, expresa Adriana. Un miércoles, a las 9:30 de la mañana, Las Castillejas luce tranquilo. Dice Adriana que aún pueden dejar los vehículos afuera de sus viviendas por la presencia de los agentes. Cerca del reparto, la policía antipandillas habita una casa “destroyer”. Un agente que permanece en ese lugar explicó que la administración policial no les ha dado los recursos para reparar las viviendas. “Después de patrullar tenemos que ver cómo reparamos la casa para estar estables. Si está en pésimas condiciones pues nos quedamos en casas comunales, pero de lo contrario no”, aseveró el agente para explicar otra forma de subsistencia en los territorios. Adriana afirma que el puesto policial le pertenece a Las Castillejas. Lo repite en varias ocasiones. “El puesto es de la colonia, lo pagamos entre todos, el comisionado ni sabe eso, y si lo sabe lo ignora”, sostiene. La comunidad asegura que ha recibido amenazas de la policía de cerrar la caseta por la insistencia que tienen para buscar apoyo. Un subinspector de la subdelegación de San Jacinto, identificado con el apellido Mejía, dijo que no quitarán la casa de descanso del reparto y aseguró que ese es un compromiso que la comunidad tiene. Según él, el inmueble desde hace mucho es de la policía y los gastos van por cuenta de ellos. “Es una caseta pero la casa es grande, pero siempre pagamos todo”, aseguró. Pero un agente de turno en el puesto contradice esta versión: “Nosotros no teníamos nada. Ellos (la directiva) se rebuscan para ayudarnos”. La Asamblea aprobó recientemente un decreto para distribuir los $11 millones de la recaudación para contribución especial para seguridad: destinarán $5.9 millones y de esta cantidad el Gobierno tomará dinero para bonos y el equipamiento de equipos policiales. Del mantenimiento de los puestos policiales se dice poco. Los residentes de Las Castillejas tienen claro que deben mantener en su presupuesto el monto para conservar la casa de descanso policial. Si por el momento están a salvo, sostienen, es por esos $130 que reúnen mes a mes.

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