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País apoya a Venezuela y da fuero a señalados por varios ilícitos

Estados Unidos ha condicionado el desembolso de fondos al combate de la corrupción, incluyendo investigar y procesar a funcionarios de Gobierno.
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Parte de los requisitos establecidos por Estados Unidos para desembolsar los fondos dentro del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte es combatir la corrupción. Meses atrás trascendió que en la embajada de Estados Unidos no fue bien vista la negativa de los diputados del FMLN de votar para eliminar el fuero al embajador de El Salvador ante Alemania, José Atilio Benítez, por presunto tráfico de armas mientras fue ministro de la Defensa.

Desde Estados Unidos, el senador Marco Rubio también pidió sanciones para el dirigente del FMLN José Luis Merino. Rubio señaló al máximo líder del Frente como “lavador de dinero de primera clase” y “proveedor de armas para las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)”.

Recientemente, el gobierno de Salvador Sánchez Cerén nombró a Merino como viceministro para la Inversión y el Financiamiento para el Desarrollo, con lo cual le dio fuero. El viceministerio está adscrito al Ministerio de Relaciones Exteriores. En esa misma línea de blindar a un dirigente político también está el recién creado puesto de “embajador en misión especial” para el presidente del Organismo Promotor de Exportaciones (PROESA) y exdiputado del FMLN, Sigfrido Reyes, de quien se señalan irregularidades mientras fungió como presidente de la Asamblea Legislativa y es investigado por la CSJ.

Algunos de los requisitos que ha puesto Estados Unidos dicen que el país debe “combatir la corrupción, incluyendo investigar y procesar a funcionarios de Gobierno sobre los que pese una presunción creíble de corrupción”.

Asimismo, señalan que tiene que “implementar reformas, políticas y programas para mejorar la transparencia y fortalecer las instituciones públicas, incluyendo la capacidad e independencia del sistema judicial y de la Fiscalía General de la República”.

Esta “complicación” del Gobierno para proteger a estos funcionarios se agrava con el apoyo hacia el régimen de Nicolás Maduro. Se ha indicado que además del senador Rubio (quien calificó de “vergonzoso” el voto del delegado salvadoreño en la OEA), otra media docena de congresistas y senadores de ambos partidos políticos habían externado sus dudas sobre el rumbo del Gobierno salvadoreño.

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