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Paralizada construcción de edificio CSJ de $27 mill

Empresa abandonó la obra. CSJ asegura que ya hicieron efectivas garantías del seguro, pero no da fecha de reinicio de trabajos en edificio para cámaras. Además, no hay fecha de apertura de otro edificio judicial de Santa Tecla.
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La empresa constructora INPRO, S. A. de C. V., detuvo la construcción y entrega del edificio de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que alojará a cámaras de Segunda Instancia en San Salvador, el cual, según el contrato inicial, costaría $26,357,447.15, monto que sumado al pago a la empresa supervisora suma $27 millones.

El contrato inicial con la empresa constructora data del 21 de diciembre de 2012. En aquel momento la Corte Suprema dio 900 días calendario a la empresa para entregar el edificio; sin embargo, en un acta emitida el 14 de mayo de 2015, el magistrado presidente de la CSJ, Armando Pineda Navas, admitió dar una prórroga adicional de 130 días al contrato, razón por la cual la obra debería haber sido entregada al Órgano Judicial el 6 de enero de 2015.

LA PRENSA GRÁFICA consultó a la empresa INPRO, S. A. de C. V., para conocer las razones que la motivaron a solicitar la prórroga y también la razón por la cual posteriormente abandonó los trabajos de construcción; sin embargo, sus representantes no aceptaron conceder una entrevista y se limitaron a comunicar que están siguiendo el proceso legal correspondiente.

Pineda Navas confirmó ayer que el problema por el que se ha suspendido la construcción del edificio judicial proviene de la empresa que ganó la licitación.

“Lo que pasó es que hubo un problema con la empresa constructora y se están haciendo las acciones correspondientes, a efecto de que la compañía aseguradora, que tenía la obra, responda por eso. Ya estamos en pláticas y se está avanzando. Se va a restablecer pronto (la construcción)”, declaró el funcionario, sin dar una fecha específica para el reinicio de los trabajos.

El articulo 83-B de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) señala que los contratos no podrán ser prorrogados por una “inadecuada planificación de las adquisiciones”, o por “convalidar la falta de diligencia del contratista en el cumplimiento de sus obligaciones”.

La LACAP también obliga, en su artículo 83, que los contratos con privados solo podrán ser prorrogados en una ocasión. Además, para que la empresa acceda a dicha prórroga deberá demostrar ante el ente público que existe algún imprevisto para la ejecución en tiempo de la obra.

Según reza el contrato, para hacer efectiva dicha prórroga la empresa deberá solicitarla en los próximos cinco días hábiles siguientes de sucedido el evento por el que pide la ampliación.

Siguiendo los lineamientos del contrato, el Estado salvadoreño pagó un anticipo de $7,907,234.15 después de la firma del contrato con la empresa . Luego de este pago, el convenio estipula que la empresa “deberá presentar estimaciones mensuales para trámite de pago si a juicio la supervisión el avance es satisfactorio y de acuerdo con el programa de trabajo aceptado”.

La ley salvadoreña apunta que la empresa contratada deberá tener un seguro que respalde los riesgos del contrato. De manera que la garantía de cumplimiento establecida en el contrato equivale a $3,953,617.07, más la garantía del 100 % del anticipo (además de la garantía de buena obra que se emite al finalizar el contrato y el seguro de daños a terceros).

Un delegado de la presidencia de la CSJ aseguró que en este momento ya han sido efectivas las garantías del contrato, y la empresa ya solicitó los documentos técnicos para reiniciar la obra. Sin embargo, tampoco se atrevió a dar una fecha exacta en la que las obras podrían ser reiniciadas.

El representante de la Corte manifestó que el Órgano Judicial ha llegado a la conclusión de que no se encuentra en condiciones de erogar más dinero para la construcción del edificio. Sin embargo, debido al mutismo de la empresa no se sabe si las garantías estipuladas en el contrato serán suficientes para cubrir con lo que hace falta de la infraestructura.

La LACAP también apunta que en los primeros 30 días de retraso el Estado puede colocar una multa de 0.01 % del valor del contrato, hasta llegar a un tope del 0.15 % del valor del convenio.

Santa Tecla, sin fecha de apertura

El representante del presidente de la CSJ explicó que todavía no se tiene fecha exacta para que se pueda utilizar el nuevo centro judicial integrado de Santa Tecla, construcción que terminó en 2015.

En diciembre pasado, los magistrados de la CSJ explicaron que el traslado de tribunales debía de iniciarse durante las vacaciones de fin de año; no obstante, el representante del presidente de la Corte aseguró que este se ha pospuesto para febrero próximo.

Habitantes de la residencial Primavera 1, que colinda con ese edificio, continúan quejándose del ruido de la planta generadora de energía eléctrica del centro judicial. Según ellos, la Corte ya inició algunos traslados sin haber resuelto el problema. Un vocero de la Corte explicó que ya se realizó un “aislamiento” de la zona de ruido para solventar las inquietudes de la comunidad.

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