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Partidos no podrán inscribir a candidatos si no revelan financistas donantes

Sala de lo  Constitucional prohibió dar dinero del Estado para campaña de partidos que incumplan con transparentar  finanzas. 
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Los partidos políticos que se resistan a rendir cuentas de su financiamiento no podrán pedir dinero del Estado (deuda política) para su campaña ni podrán inscribir a candidatos para las elecciones de marzo del próximo año. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) estableció ayer esas condicionantes para que, después de tres años de haber incumplido la orden, los partidos políticos transparenten el origen y el destino de sus fondos.

En agosto de 2014 la Sala de lo Constitucional ordenó a los partidos revelar quiénes son sus donantes, cuánto reciben de sus financistas y cuál es el destino de esos fondos. Y exigió a la Asamblea Legislativa regular para garantizar el derecho de acceso a la información de los ciudadanos y el principio de transparencia y democracia interna de los partidos políticos.

“Esta sala concluye que a tres años de haberse emitido la sentencia definitiva, la Asamblea Legislativa persiste obstinadamente en el incumplimiento de la misma, sin que exista una justificación razonable para ello”, concluyeron ayer los magistrados.

La sala, por tanto, estableció un plazo para que la Asamblea Legislativa cumpla de una vez por todas el fallo: los diputados tendrán hasta el 1.º de noviembre para regular “lo relativo al derecho de acceso a la información financiera de los partidos políticos, que permita a los ciudadanos conocer la identidad de las personas naturales o jurídicas que financian a dichos partidos y a sus candidatos, en qué concepto y cuantía lo hacen y cuál es el destino de esos fondos”.

La sala estableció ese mismo plazo para que los partidos informen el origen y destino del dinero con el que financiaron sus campañas electorales de 2014 y 2015. “Las autoridades competentes deberán abstenerse de entregar a todos aquellos partidos políticos que hayan participado en las elecciones correspondientes a 2014 y 2015 cualquier suma de dinero en concepto de deuda política para las elecciones legislativas y municipales de 2018, mientras no cumplan con lo ordenado por este tribunal”, dice la resolución.

La sala tomó en cuenta un informe enviado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) sobre las sanciones que impuso debido a que los partidos no justificaron más de $8 millones que recibieron. El FMLN, por ejemplo, no comprobó quién le financió $7.3 millones y ARENA no explicó cómo obtuvo $500,632.55.

El TSE le ha solicitado cumplir seis puntos a los partidos: individualizar y registrar toda contribución en el momento de su recepción, aprobar y publicar el reglamento sobre las actividades de recaudación para garantizar transparencia y publicidad, llevar un registro contable de acuerdo con la ley, respaldar los registros de $6,787.20 o mayores, llevar un control sistemático de la emisión de recibos y controlar el destino de los fondos privados y de los provenientes de la deuda política.

“Creo que se lo deben tomar en serio los partidos, porque se pone en peligro su participación en las elecciones. En el tema de inscripción de candidaturas, si no se ha cumplido la sentencia, lo que la sala va a hacer es certificar al tribunal para que valore si inscribe o no a los candidatos”, comentó Eduardo Escobar, uno de los demandantes en este caso.

La sala aclara en el fallo, firmado por los cinco magistrados, que los informes que solicitó al TSE en este proceso de inconstitucionalidad “de ninguna manera han tenido la intención de imponerle obligaciones que no le corresponden directamente de acuerdo con el objeto de lo discutido y decidido en este proceso, de desconocer su atribución constitucional como autoridad máxima en materia electoral”.

Información de Hacienda

Otra de las conclusiones de la sala es que la “negación del Ministro de Hacienda de proporcionar información de los donantes de los partidos políticos bajo el subterfugio del secreto fiscal supone una medida injustificada, que no es compatible con el derecho de los ciudadanos de acceder a la información pública de los partidos políticos que se reconoció en la sentencia definitiva de este proceso”. Por lo tanto, los magistrados le ordenan a sus colegas de la Sala de lo Contencioso Administrativo que levanten la medida que, a petición de l Ministerio de Hacienda, frenó la entrega de información sobre donantes.

Según los magistrados, la reserva de información, establecida en el artículo 28 del Código Tributario, admite como excepción la divulgación de las identidades de financistas de partidos, los montos de sus aportaciones y el destino de ese dinero. “Revelar la identidad de los financistas de partidos políticos no implica revelar su afiliación partidaria o afinidad ideológica”, aclararon los magistrados en la resolución.
 

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