Payés removió a director penal por cuestionar la tregua

Director removido dice que el cambio ocurrió porque intentó decomisar celulares a cabecillas que llegaron al penal de Quezaltepeque trasladados de Zacatecoluca. Exinspector Anílber Rodríguez le ordenó dejar teléfonos a pandilleros.
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“Usted está siendo desleal al proceso de tregua y por eso el hombre (el ministro de Seguridad, David Munguía Payés) ha ordenado que sea transferido”. Eso fue lo que, según Miguel, exdirector del centro penal de Quezaltepeque, le dijo Nelson Rauda en marzo 2012 cuando era director de Centros Penales.

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Miguel es uno de los testigos que la Fiscalía General de la República (FGR) ha presentado como prueba en el proceso penal contra 21 personas, la mayoría exfuncionarios de Centros Penales, acusadas de haber cometido delitos durante la tregua que las pandillas más numerosas del país pactaron en marzo de 2012. Los implicados de mayor rango son Rauda y el exinspector de centros penitenciarios, Anílber Rodríguez.

La fiscalía asegura que los acusados, que enfrentan la audiencia preliminar en el Tribunal Especializado de Instrucción A de San Salvador, favorecieron a cabecillas de pandillas durante el proceso. Apoyo que, de acuerdo con el dictamen de acusación, terminó por fortalecer a los jefes pandilleros frente al resto de los miembros. Incluso la fiscalía asegura que las pandillas acumularon tanta fuerza durante la tregua que lograron poder político.

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Miguel les contó a los fiscales que fue informado por Anílber Rodríguez que Raúl Mijango, exmediador de la tregua, y el suboficial de la Policía Nacional Civil (PNC) Roberto Castillo Díaz visitarían el penal de Quezaltepeque para reunirse con los dos cabecillas del Barrio 18 recién trasladados y “ocho internos más” que ellos escogerían. Además, le ordenó que tanto Mijango como Díaz “no debían ser registrados”.

Al finalizar una de esas reuniones, Miguel afirma que la seguridad del penal registró a los internos y les decomisó cigarrillos y “como tres o cuatro celulares”. El testigo dice que llamó al exinspector Rodríguez para notificarle sobre los hallazgos, pero el exfuncionario le ordenó “que se les dejaran a los internos”.

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En la última visita que Miguel recuerda, caminó detrás de Mijango y le escuchó decirle al agente Díaz que “iba a pedir que lo quitaran”. Ese mismo día, según el testimonio del exdirector del penal de Quezaltepeque, fue llamado a la Dirección General de Centros Penales (DGCP), donde se entrevistó con Rauda, quien le dijo que estaba siendo “desleal” a la tregua.

Miguel dice que ese día, sin especificar la fecha, se enteró de su remoción al penal de San Vicente, donde no se encuentran recluidos miembros de pandillas.

Pese a lo anterior, y pese a que la fiscalía identifica al actual ministro de la Defensa como “el creador, ideólogo, promotor y principal defensor de la tregua”, no ha procedido a presentar cargos en su contra.

La fiscalía dice que Miguel también les ha contado que muchos de sus compañeros fueron despedidos, que “probablemente les han atribuido los objetos ilícitos que fueron ingresados a los centros penitenciarios” y que “la tregua no favoreció más que a los mismos pandilleros”.

Otro exdirector de otro reclusorio donde también fueron trasladados los cabecillas de pandillas tras la tregua también declaró a los fiscales que “en una ocasión” Munguía Payés, en su calidad de ministro de Justicia y Seguridad, convocó a una reunión a los directores de los penales de Izalco, Cojutepeque, Gotera, Ciudad Barrios, Zacatecoluca, La Esperanza (Mariona), Quezaltepeque y Chalatenango, centros de resguardo involucrados en “el proceso de pacificación”, para decirles que “administraran con inteligencia y que no anduvieran pidiendo nada por escrito”.

Ayer, el vicepresidente de la república, Óscar Ortiz, dijo que el ministro Munguía Payés “no tiene ningún juicio que yo sepa hasta ahora”, en claro respaldo gubernamental al funcionario. Agregó que espera que el proceso judicial de la tregua “sea un tema serio, responsable y abordado de manera profesional” y que “no vaya a caer en una situación coyuntural”. “No nos vamos a distraer en otras cosas. Sería doloroso distraerse en cosas que no tienen sentido”, dijo Ortiz.

La audiencia preliminar del caso quedó en receso ayer y continuará el próximo lunes.
 

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