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Pedirán a Funes modificación a ley de partidos políticos

Miembros de Aliados por la Democracia señalan debilidades de la ley para efectuar un efectivo control de los partidos sobre el manejo de fondos públicos y privados que reciben.
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La Iniciativa Social para la Democracia (ISD) presentará la próxima semana una carta al presidente de la República, Mauricio Funes, para que observe la ley de partidos políticos.

Piden que se incorporen mayores mecanismos control sobre el funcionamiento de los partidos, así como dotar de más herramientas al Tribunal Supremo Electoral (TSE), ente que aplicará la ley de fiscalización.

Los diputados aprobaron ayer, por consenso, la ley partidos políticos, a pesar de críticas de la Fundación salvadoreña para el Desarrollo económico y Social (FUSADES) y Aliados por la Democracia.

“El Tribunal no tiene ninguna autoridad de control sobre el funcionamiento de los partidos. Nuestra petición es al presidente de la República, que sugiera reglas de transparencia para incorporar en la ley”, dijo Ramón Villalta, director ejecutivo del ISD.

Javier Argueta, directo legal de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), también cuestionó la aprobación de la normativa. “La ley se limita a decir que habrá un control, pero no dice cómo. No hay obligaciones de transparencia”, añadió.

Villalta indicó que seguirán estudiando cada uno de los artículos de la ley para realizar las observaciones y enviarlas al jefe de Estado.

Luis Mario Rodríguez, director del Departamento de Asuntos Políticos de FUSADES, también manifestó que revisarán la ley para enviar una carta a Funes, en el mismo sentido que ISD.

Aliados por la Democracia cuestionó ayer las modificaciones hechas por los diputados al proyecto original de la Ley de Partidos Políticos, que despojan de su esencia a la nueva normativa aprobada.

“Realmente no contiene lo que nosotros hemos pregonado y hemos querido que consten en la ley”, manifestó José Domingo Méndez, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia.

Una de las deficiencias de esta ley es que se le otorga al Tribunal Supremo Electoral (TSE) la potestad de vigilar las actividades de los partidos políticos, a pesar de que la institución está integrada por representantes de los mismos partidos políticos, lo que le resta credibilidad, afirmaron.

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