Pena mínima a exjueza que favoreció a pandilleros

La exjueza de Vigilancia Penitenciaria Astrid Torres confesó que favoreció la liberación anticipada de pandilleros. Gracias a esa confesión, recibió una pena que será sustituida por medidas alternas a la prisión. Las partes propusieron un procedimiento abreviado.
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La exjueza de Vigilancia Penitenciaria de Santa Tecla Astrid de los Ángeles Torres Flores confesó ayer ante el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador que ordenó poner en libertad a 29 pandilleros del Barrio 18, a pesar de que ellos no habían cumplido la pena de cárcel que les correspondía.

EXJUEZA CONFIESA QUE FAVORECIÓ A PANDILLEROS A CAMBIO DE REDUCCIÓN DE PENA

La exfuncionaria judicial llegó a un acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), que consistió en que ella admitiría su culpabilidad a cambio de que los fiscales solicitaran un procedimiento abreviado en el juicio. Esto significó que el ministerio público prescindió de la declaración de 10 de los 17 testigos convocados para el caso y, además, conforme a lo que establece la ley, pidió una condena de un tercio de tiempo de la solicitud inicial.

La fiscalía acusó a Torres Flores del delito de favorecimiento a la evasión, el cual es penado con entre cinco y 10 años de prisión. En el marco del procedimiento abreviado, los fiscales pidieron una pena de prisión de tres años y cuatro meses, tiempo que representa un tercio de la pena máxima de 10 años ya que, según la fiscalía, se trató de un delito continuado, es decir que se realizaron dos o más acciones para favorecer a los pandilleros.

“La génesis de los oficios es una decisión por un caso que es pluriofensivo, que tenía una cantidad extraordinaria, sí, pero estamos frente a una decisión judicial, la figura del delito continuado es improcedente”, dijo el abogado de la exjueza, Samuel Torres.

EXJUEZA DE VIGILANCIA PENITENCIARIA A JUICIO POR FAVORECER A PANDILLEROS

La jueza del Tribunal Cuarto de Sentencia accedió a la solicitud de la defensa y negó que el caso se tratara de un delito continuado, por lo que condenó a Torres Flores a tres años de prisión. La juzgadora basó su argumentación en que todos los hechos imputados parten de una decisión judicial de Torres Flores, la cual se constató en un escrito del 4 de mayo de 2012 en el que calculó de forma errónea la pena, y que por lo tanto no se pueden ver como decisiones autónomas cada una de las órdenes de libertad emitidas.

“Pensábamos que era viable sostener la continuidad del delito ya que son 17 órdenes. Si vemos cada orden de manera independiente, podemos decir que es un delito cada uno de ellos”, dijo el fiscal Héctor Martínez, quien afirmó que esperarán recibir la sentencia el 26 de septiembre para evaluar la posibilidad de apelar la decisión judicial.

La jueza del caso dijo que, “dadas las condiciones personales” de la imputada, la pena fue cambiada por medidas alternas a la prisión las cuales serán fijadas por el Juzgado de Vigilancia correspondiente. La pena, por tanto, puede traducirse en realizar actividades de beneficio social durante dos años.

Torres presentó su renuncia a la Corte Suprema de Justicia poco antes de ser acusada formalmente por la fiscalía en los tribunales, y luego fue a trabajar en la Empresa Transmisora de El Salvador (ETESAL).

Según la investigación fiscal, a inicios de mayo de 2014 la exjueza mandó más de 60 órdenes de libertad a la Dirección General de Centros Penales (DGCP). En dichos documentos Torres Flores adecuó las penas de algunos pandilleros condenados a una resolución de la Sala de lo Penal sobre el caso, en la cual se disminuyeron los años de prisión por el delito de conspiración de homicidio a cuatro años y se confirmaron las penas por agrupaciones ilícitas. Además, la exfuncionaria no anexó a los documentos los cómputos o cálculos oficiales de las penas, por lo que los funcionarios de los centros penales no tenían manera de confrontar las penas en primera instancia.

Los fiscales explicaron que la jueza no tomó en cuenta el delito de agrupaciones ilícitas para realizar el cálculo, por lo que ordenó la libertad, de manera ilegal, de 29 pandilleros. Posteriormente, 17 miembros del Barrio 18 fueron puestos en libertad debido a las órdenes; mientras que los demás procesos fueron detenidos por los alcaides de diferentes penales que optaron por revisar los expedientes de los reclusos.

“Sostenemos que el acto fue involuntario, entendemos que hay un área gris entre la responsabilidad del Juzgado de Vigilancia y las autoridades carcelarias. ¿Puede una autoridad carcelaria desobedecer una orden de vigilancia? No solo puede, debe”, dijo el abogado de la exjueza.

La jueza del caso reconoció en su fallo que Torres Flores notificó al fiscal del caso sobre la decisión de pedir las órdenes de libertad un día antes de emitirlas, por lo que también incumplió con los tres días hábiles que manda la ley para que las partes pudieran revisar los argumentos de la decisión.

La llamada a centros penales

Como parte de la prueba ofrecida por la fiscalía, el ex director general de Centros Penales Nelson Rauda testificó ayer en el juicio. El exfuncionario afirmó que en mayo de 2012 recibió una llamada de Torres Flores solicitándole que procesaran de manera rápida las órdenes de libertad que había emitido, debido a que se podía incurrir en detenciones ilegales de los pandilleros.

Rauda señaló que luego de recibir la llamada decidió centralizar la distribución de las órdenes de libertad desde la Dirección General de Centros Penales, con el objetivo de agilizar los procesos.

La fiscalía también descubrió, mediante un peritaje de extracción de información telefónica, que Torres Flores envió un mensaje de texto al entonces director del centro penal de Quezaltepeque, Rafael Jiménez, en el que le pidió que pusiera en libertad a los pandilleros condenados.

Jiménez declaró ayer en el juicio y confirmó que recibió el mensaje de texto y que realizaron las diligencias correspondientes para poner en libertad a los pandilleros favorecidos. Los fiscales del caso señalaron que ese gesto debía entenderse como una medida de presión por parte de la exjueza.

Según los fiscales, el 22 de junio de 2012 la exjueza emitió un escrito de “desquebrantamiento” de la sentencia en el cual señaló como responsables de la libertad ilegal de los pandilleros a los funcionarios de la Dirección de Centros Penales.
 

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