La Dirección General de Centros Penales ha solicitado al Órgano Judicial que otorgue la libertad condicional a 557 reos que tienen más de 60 años de edad y sufren alguna enfermedad crónica. La solicitud, de acuerdo con la Corte Suprema de Justicia (CSJ), está justificada para evitar el contagio del coronavirus entre la población privada de libertad en El Salvador.

La petición la hizo ayer el director de Centros Penales, acompañado de un equipo técnico, ante magistrados de la CSJ, magistrados y jueces de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena y representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja.

Según un comunicado de la CSJ, Luna presentó un escrito donde propuso adoptar "medidas preventivas, proporcionales y necesarias para evitar la propagación del COVID-19 en el sistema penitenciario naciona", por lo que solicitó "valorar la posibilidad de conceder algún tipo de beneficio penitenciario"

Según la CSJ, ese beneficio podría ser "la suspensión condicional de la ejecución de la pena, libertad condicional u otro tipo de medidas alternativas a la prisión", que estén dentro de la ley.

El magistrado Óscar López Jerez le confirmó a LA PRENSA GRÁFICA que se trata de 557 reos los que forman parte del listado que Centros Penales busca beneficiar con la libertad.

López Jerez dijo que uno de los puntos planteados por Luna para pedir el beneficio es que los reos deben ser trasladados a centros hospitalarios para que reciban atención médica, debido a sus diagnósticos de enfermedades crónicas; por lo que pueden contagiarse del coronavirus en ese trámite y luego transmitir la infección al resto de la población carcelaria.

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"Se discutió la posibilidad de que los reos sean puestos en libertad, tras el aval de los jueces de Vigilancia Penitenciaria, con un brazalete electrónico. Planteamos a los jueces que fueran flexibles para evitar un contagio masivo", dijo el magistrado López Jerez.

Una de las jueces de Vigilancia Penitenciaria le dijo a LA PRENSA GRÁFICA que no se trata de dar el beneficio de forma "automática". Ella confirmó que recibió de Centros Penales un listado de los posibles candidatos donde aparece el historial clínico; pero aclaró que ese diagnóstico debe ser certificado por los directores de hospitales donde reciben atención. Solo si cumplen con esas condiciones, podría ordenar el beneficio.