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Persiste la impunidad en violencia sexual contra niñez

Organizaciones que trabajan por los derechos de la niñez y adolescencia dicen que es preocupante que el 74 % de las violaciones ocurre en la residencia de las víctimas.
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La naturalización y el alto nivel de impunidad agravan la problemática de la violencia sexual contra la niñez y adolescencia en El Salvador, señalaron organizaciones que conforman la Alianza por los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud, que ayer lanzaron una campaña de sensibilización para unir esfuerzos en la prevención de ese delito y la atención integral a las víctimas.

De acuerdo con datos que recabaron de la Policía Nacional Civil (PNC), en el año 2016 se recibieron 3,947 denuncias por delitos sexuales, de las cuales 2,253 fueron cometidos contra personas entre 12 y 17 años, específicamente por delitos de violación, estupro, agresión sexual y violación. El 47.45 % de las denuncias fue por el delito de violación en menor e incapaz.

En promedio existen 15 denuncias diarias por violencia sexual. “Entonces eso nos da una dimensión, una breve dimensión, de cómo realmente estamos en esa situación. Aunque usted ve las agendas de seguridad pública, no necesariamente está presente la violencia sexual. Se habla de homicidios, con suerte, de feminicidios, pero la violencia sexual no se habla”, dijo Vilma Vaquerano, coordinadora de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), miembro de la alianza.

El estudio “Situación de los derechos de la niñez, adolescencia y juventud de 2012-2015”, realizado por la alianza el año pasado, señala que el 76 % de los casos tipificados como violación correspondía a violencia sexual ejercida por una persona conocida de la víctima. Señalaron también que el 74 % de las violaciones ocurre en la residencia de las víctimas.

“Aproximadamente, el 20 % son delitos de incesto, quiere decir que son personas que tienen algún vínculo sanguíneo, hermano, padre, abuelo, primos, quienes abusan de las niñas. Entonces es un tema de naturalización de la violencia”, agregó Vaquerano.

Y la situación de violencia social es un agravante de la problemática de violencia sexual, que lleva implícito el aumento de los casos de trata y se ha retomado en informes internacionales.

“Se evidenció que hay casos de esclavitud sexual, no solamente dentro de los penales, sino en las comunidades, incluso casos de trata”, dijo Vaquerano.

Comentó que en los casos en que las niñas se niegan a tener una relación afectiva con algún miembro de estructuras criminales, terminan siendo asesinadas. Y que el temor que genera la violencia social también limita que se hagan denuncias de los delitos sexuales contra menores de edad.

“Realmente en el contexto actual en que sabemos que la violencia sexual va sumada a otros hechos de violencia, es el día a día de las comunidades, es lógico pensar que muchos de estos casos no llegan a ser denunciados. Si las niñas no sienten protección, no sienten seguridad, ¿dónde se van a avocar?”, cuestionó.

Otro factor que tiene raíces culturales es que muchos de los casos de embarazos en niñas y adolescentes tienen a la base la violencia sexual.

“Ahí tenemos una serie de problemas, sobre todo de orden cultural. Inclusive en el sistema de justicia se habla de que la niña ha provocado el abuso, eso es una falacia que no tiene ningún tipo de justificación”, dijo Rodrigo Bustos, director de Plan Internacional, otra organización miembro de la alianza.

En el aspecto normativo señala que se tienen que hacer ajustes al Código de Familia, que actualmente permite que la víctima contraiga matrimonio con el abusador con el consentimiento de los padres. Además de exigir el cumplimiento del Código Penal y la Ley Integral de Protección a la Niñez y Adolescencia (LEPINA) en el caso de los delitos sexuales.

“Pienso que necesitamos todavía capacitar al sistema de justicia, ir tratando de ir rompiendo esas barreras, esto de que fue consentido el abuso y ese tipo de cosas. Ahí es donde hay que avanzar e ir bajando los niveles de impunidad”, expresó Bustos.

Campaña

La alianza por los derechos de la niñez lanzó ayer la campaña “Protegerme de la violencia sexual es tu responsabilidad y mi derecho”, con la que se hace un llamado a las instancias del Estado, comunidades y sociedad a unir esfuerzos por la protección de la niñez y la adolescencia.

Bustos indicó que se debe trabajar en el empoderamiento de la niñez y trabajar con las familias para abordar esta problemática.

“Hay metodologías, hay iniciativas que sobre todo niñas puedan identificar tempranamente factores de riesgo, puedan identificar signos. Y antes de que ocurra cualquier problema, cualquier abuso, puedan ir a las instancias pertinentes en su familia, comunidad o más allá para poder ser protegidas”, afirmó.

La alianza también exhortó a las instancias del Estado a diseñar e implementar políticas públicas enfocadas en la prevención y la atención integral de las personas afectadas por violencia sexual, priorizando los enfoques de género y protección de la niñez.

En su pronunciamiento también exhortó a las entidades responsables de la investigación del delito y a quienes aplican la justicia a hacer “procesos efectivos y eficientes que generen los elementos probatorios para la condena de los agresores sexuales”.

Vaquerano comentó que muy pocos casos de violencia sexual llegan a ventilarse en los tribunales y pocos logran condenas.
 
 

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