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Covid-19 en El Salvador: persiste polémica por retenciones

Abogados recriminan a Gobierno por continuar detenciones a pesar de resolución de la Sala. Presidencia dice que son legales.

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José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, criticó en Twitter que Bukele

José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, criticó en Twitter que Bukele "se ríe de la Corte".

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Las detenciones contra quienes violan la cuarentena domiciliaria continúan entre la polémica, luego de que el miércoles pasado la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) recordó al Gobierno que nadie puede ser detenido por salir de casa, sin que la Asamblea Legislativa apruebe una ley que lo regule.

El presidente de la república, Nayib Bukele, justificó ayer en Twitter que la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) ejecutan las detenciones para proteger el "derecho fundamental de un pueblo entero a la salud y la vida", ante la amenaza de un brote de la enfermedad covid-19.

Desde el 21 de marzo, el Gobierno impuso la prohibición nacional de salir de casa a los habitantes, salvo excepciones. Y todo el que incumpla la orden es detenido por la Policía para llevarlo a un centro de aislamiento controlado durante 30 días, con el propósito de descartar que sea portador del coronavirus.

Javier Argueta, asesor jurídico de la Presidencia, dijo el jueves anterior en una entrevista radiofónica que retener a quienes no respetan la cuarentena domiciliaria es legal porque está en la Ley de Emergencia Nacional (LEN), aprobada por la Asamblea Legislativa el 14 de marzo pasado por la pandemia de coronavirus, y el artículo 136 del Código de Salud.

El funcionario citó el numeral E del artículo 2 de la LEN, que faculta al Ministerio de Salud (MINSAL) para indicar "cuarentena obligatoria" a toda persona sospechosa de tener coronavirus. También habló del artículo 136 del Código de Salud, que permite que el MINSAL aísle a personas expuestas a contagio de enfermedades "cuarentenables".

Según Argueta, toda persona es sospechosa de tener coronavirus. Sin embargo, la Sala advirtió el miércoles en una resolución de habeas corpus que para que este tipo de detenciones sea legal la Asamblea Legislativa debe establecer, con apoyo del MINSAL, una ley que las permita.

La insistencia de la administración Bukele por no frenar las detenciones a pesar de la orden de la Sala ha acarreado críticas. El Instituto de Derechos Humanos de la Asociación Internacional de Abogados (IBAHRI, por sus siglas en inglés) mostró su preocupación ante la medida gubernamental y recordó que las capturas son "ilegales".

José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, criticó en Twitter que Bukele "se ríe de la Corte". "Eso es desacato y, nuevamente, rompe el estado de derecho", finalizó. Mientras que la abogada salvadoreña Marcela Galeas opinó que la Sala busca "una mejor ejecución de medidas".

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