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Persisten retrasos en programación de audiencias virtuales

Programación de audiencias se posterga hasta ocho meses por saturación del sistema. Jueces apuntan a Centros Penales, que espera crear 102 nuevas salas para audiencias este año.
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Después de dos años de la entrada en vigor de las medidas extraordinarias de seguridad en seis cárceles, con las cuales se prohibió que los reos puedan salir a diligencias judiciales, la programación de las audiencias por videoconferencia sigue generando mora y vencimiento de los plazos máximos de detención, según confirmó este medio con al menos cinco jueces consultados.

Los jueces que enfrentan más problemas con la programación de audiencias virtuales son los de la jurisdicción especializada, pues la mayoría de sus casos requieren de la coordinación de videoconferencias en varios centros penales de forma simultánea. Algunos de estos titulares reportaron que se les han programado audiencias con un plazo de hasta nueve meses después del ingreso del expediente.

Los juzgados especializados consultados no tienen sistematizadas las estadísticas de mora y vencimiento de plazos procesales que les han causado esta problemática. Sin embargo, aseguraron que en promedio están programando audiencias entre tres y cuatro mese después del ingreso del expediente, a no ser en casos más prolongados, como el de la prisión de Ciudad Barrios (San Miguel), en la cual las audiencias se postergan hasta ocho meses.

Los titulares de los juzgados establecen dos razones fundamentales que explican esta problemática: primero, la Dirección General de Centros Penales (DGCP) no ha avanzado en ampliar su capacidad instalada en los centros penales para realizar las audiencias porque no tiene suficientes técnicos especializados en la manipulación del equipo y tampoco ha habilitado los espacios físicos dentro de las cárceles para que los reos participen de las audiencias; segundo, los jueces señalaron que a pesar de los recientes esfuerzos de inversión y donaciones presentados por la Corte, todavía no se terminan de instalar todos los equipos informáticos de forma debida.

La DGCP respondió a la consulta realizada por este medio a través de un vocero, quien aseguró que la institución se encuentra en el proceso de inversión de $2.3 millones para comprar equipo y habilitar nuevas salas de audiencias en los centros penales.

“Según la planificación establecida, se espera entregar durante agosto el primer lote de 48 salas; en octubre, 41 más; para finalizar en diciembre con 13 salas, para un total de 102 salas modernas acondicionadas”, dijo el vocero, quien explicó que en agosto próximo harán pública la entrega del primer lote de equipo.

En enero de 2017, Centros Penales contaba con 26 salas en 10 centros penales, cifra que esperaba ampliar a 58 durante ese año. Sin embargo, fuentes oficiales confirmaron que a la fecha únicamente cuentan con 37 salas. Las exigencias de los tribunales pueden llegar hasta enlaces con seis centros penales al mismo tiempo en una sola audiencia.

Fuentes de la Corte Suprema de Justicia señalaron que, además de ampliar el número de salas, es necesario que Centros Penales las dote de equipo profesional para poder ser más eficientes con el tratamiento de las diligencias judiciales.

Datos de la DGCP apuntan a que semanalmente se realizan 120 audiencias virtuales. La Corte Suprema de Justicia (CSJ) solicitó en los primeros nueve meses de las medidas extraordinarias un promedio de 213 audiencias virtuales cada mes.

En cuanto a la responsabilidad de la Corte, los jueces señalaron que si bien ha existido un aumento de recursos dotados para los tribunales, no todos están funcionando de manera óptima o en el lugar adecuado, y esto genera amplios retrasos en la tramitación de los casos.

La Corte empezó a financiar el proyecto de audiencias virtuales con la reorientación de $4 millones en octubre de 2016. En 2017, la Corte destinó $12.1 millones para la administración de las salas de audiencias, de los cuales $2 millones se utilizaron para la adquisición de bienes y servicios. Este año el Órgano Judicial orientó $11.7 millones para la administración de las salas de audiencias, fondo del cual programó utilizar $2.3 para la adquisición de bienes y servicios. Estos recursos se suman a algunas donaciones recibidas para completar los equipos de las salas de audiencias.

Fuentes de la Corte aseguraron que la mayoría de las donaciones iniciales se han trasladado a los juzgados que pueden realizar diligencias por delitos menores que requieren la presencia por medio virtual del imputado.

Al menos dos jueces consultados por este medio aseguraron que también existe un gran problema en la manera en que se solicitan los espacios para realizar las audiencias, pues todo se hace de manera manual y esto implica que si una audiencia se suspende, por cualquier motivo, ese espacio no es retomado por ninguna de las audiencias programadas, sino que resulta ser un espacio sin utilizar.

“Yo lo que hago es estar llamando si se suspendió alguna y así he logrado sacar algunas en tiempo”, dijo uno de los jueces consultados por este medio.

Medidas extraordinarias

Organizaciones sociales que velan porque se garanticen los derechos humanos de los grupos vulnerables se pronunciaron el viernes pasado en contra del decreto legislativo con el que el Gobierno buscaría que las medidas extraordinarias de seguridad se mantuvieran de forma permanente.

Los activistas aseguraron que algunas medidas son necesarias para el buen funcionamiento del régimen carcelario, por ejemplo, el corte de las telecomunicaciones; sin embargo, mostraron su preocupación por establecer como permanentes algunas medidas, como la “potestad al juez o la jueza y a los tribunales competentes para realizar audiencias sin que la persona imputada se encuentre presente, si se cuenta con la presencia del abogado defensor, obligando únicamente a brindar la reproducción de la audiencia a la persona imputada en las siguientes 72 horas luego de ser celebrada”, tal como se lee en el comunicado emitido por la organización no gubernamental Cristosal, el Servicio Social Pasionista y el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad José Simeón Cañas (IDHUCA).

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