Personas con discapacidad logran reunión en CAPRES

Tras bloquear durante dos horas los carriles de la Panamericana, frente al portón principal de Casa Presidencial, les permitieron el ingreso a cinco voceros.

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Carlos Montes fue el primero en entrar a Casa Presidencial y criticó que ni siquiera allí, en la entrada principal, haya una rampa exclusiva para las personas que usan silla de ruedas.

Carlos Montes fue el primero en entrar a Casa Presidencial y criticó que ni siquiera allí, en la entrada principal, haya una rampa exclusiva para las personas que usan silla de ruedas.

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Decenas de personas con discapacidad realizaron ayer una marcha desde la Ceiba de Guadalupe hasta el portón principal de Casa Presidencial (CAPRES), donde bloquearon los dos carriles de la carretera Panamericana que conducen hacia Santa Tecla; y no fue sino hasta después de dos horas de protesta que les permitieron el ingreso a cinco de sus representantes para reunirse con personal de la secretaría jurídica de la Presidencia.

La manifestación fue motivada por la necesidad de exigirle al Gobierno la elaboración del reglamento que haga cumplir la Ley Especial de Inclusión de Personas con Discapacidad, que fue aprobada en junio del año pasado, sancionada por la Presidencia dos meses más tarde y que entró en vigencia el 1 de enero de este año.

"La lectura que nosotros hacemos de que a estas alturas no haya un reglamento para la ley es que hay un claro irrespeto hacia las personas con discapacidad", manifestó Carlos Montes, representante del Comité Unidos para el Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA), que aglutina a ocho organizaciones que velan por los derechos de ese sector poblacional.

"¡Una ley sin presupuesto no es ley!", "¡Sin presupuesto no hay inclusión!", gritaban los manifestantes a manera de consignas. "Nada para nosotros/as sin nosotros/as", "El Estado está en la obligación de asignar fondos para la Ley de Inclusión, si no solo es un poema con buenas intenciones, pero una ¡burla! para las personas con discapacidad y sus garantías fundamentales. ¡Fondos ya!", rezaban un par de carteles .

La última encuesta nacional realizada por el Estado para conocer la situación de este sector fue realizada por el Consejo Nacional de Atención Integral para las Personas con Discapacidad (CONAIPD), bajo el gobierno de Salvador Sánchez Cerén, en 2015. Para ese entonces, las personas con discapacidad sumaban 410,798.

Según ese documento, 186,146 de esas personas tenían en ese momento entre 19 y 65 años; y solo 29, 766 eran asalariados de forma permanente.

"El trabajo es otra cuestión bien importante. Nosotros les hemos demostrado a muchas empresas que sí podemos trabajar, pero no nos dan la oportunidad, porque la ley de inclusión no está bien cimentada. Durante la pandemia, sí, recibimos alimentos, pero no solo necesitamos alimentos, también necesitamos salud, empleo, vivienda, educación para los niños y jóvenes con discapacidad", anotó la presidenta de la Asociación de Mujeres Ciegas de El Salvador, Carolina Vásquez, quien padece una discapacidad visual.

"Son miles de personas con discapacidad física que necesitan medicina, alimentos, una cama que no sea de lujo, pero que sea confortable, digna. Durante la pandemia hubo mucho que desear: hay personas que no recibieron sus medicamentos y tuvieron que prestar dinero para gastar en sus medicamentos. No podíamos salir para nada, estábamos como un animalito enjaulado, pero tenemos que luchar por que seamos visibilizados, por que no nos den la espalda", agregó.

De la reunión en CAPRES salieron con un acta donde, según los manifestantes, los funcionarios de la Secretaría Jurídica se comprometieron a: garantizar la elaboración del reglamento de la ley de inclusión, exigirle al CONAIPD que cumpla su rol como ente rector y a que los tomarán en cuenta para hacer ajustes a la ley.

 

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