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Piden $2 millones para atender a las víctimas de desplazamiento forzado

La oficina destinada a atender a las víctimas reclama que no cuenta con presupuesto fijo para suplir las necesidades. Los fondos provienen de la contribución especial.

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Impulsan ley especial.  Grupo gestor busca que la Asamblea apruebe ciertos requisitos mínimos dentro de ley especial de atención a víctimas de desplazamiento forzado interno en El Salvador. La Asamblea discute tres proyectos de esa normativa.

Impulsan ley especial. Grupo gestor busca que la Asamblea apruebe ciertos requisitos mínimos dentro de ley especial de atención a víctimas de desplazamiento forzado interno en El Salvador. La Asamblea discute tres proyectos de esa normativa.

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El Gobierno salvadoreño debe destinar fondos de su presupuesto para las víctimas de desplazamiento forzado interno. Así lo explicó ayer la directora de Atención a Víctimas del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, Fátima Ortiz.

Ella dijo que necesitan al menos $2 millones para atender a las víctimas del fenómeno.

El fondo destinado por el Gobierno para ayudar a las víctimas de desplazamiento forzado interno, de acuerdo con la funcionaria, proviene del impuesto de contribución especial para la seguridad ciudadana. Ortiz, sin embargo, dijo que no saben qué destino tendrán esos fondos en el futuro, por lo que piden que sea parte del presupuesto del GOES.

Ortiz dijo, además, que la ayuda dada a las víctimas es una carga para el Estado salvadoreño en el sentido económico, pues brindan alimentación, vivienda, mudanza, atención médica y psicológica a cientos familias. "Hemos tenido que agarrar presupuesto de otros programas para cubrir estas necesidades", añadió.

La directora de Atención de Víctimas, sin embargo, considera necesario que la cobertura de protección para las familias sea ampliada, pues en la actualidad solo pueden proteger a la familia desplazada de manera forzosa. "Se debe incluir a las personas que tengan cierta dependencia", explicó.

La funcionaria agregó que es necesaria la creación de un ente coordinador para dar seguimiento a los casos, así como que cada una de las instituciones que participan en el proceso de ayuda humanitaria elaboren programas especializados de atención.

Ortiz dijo que aunque hay una base con la que trabajar, aún faltan cosas por hacer y especificar en los tres proyectos de ley en discusión en la Asamblea Legislativa. "La idea es que la iniciativa pueda tener un acompañamiento técnico de los que han trabajado en esto", dijo.

Los requisitos mínimos, según el grupo gestor de una ley especial de atención a las víctimas de desplazamiento forzado interno, buscan ser un insumo que ayude a la discusión que tienen pendiente los diputados de la Asamblea.

Entre los principales puntos expuestos por el grupo gestor están que el Estado reconozca el desplazamiento forzado interno como una problemática, que las víctimas no tengan que denunciar ante la Fiscalía General de la República ni en la Policía Nacional Civil para obtener ayuda humanitaria, y que las víctimas tengan servicios especializados y especiales en todas las etapas del desplazamiento. El Estado no maneja una cifra oficial de desplazados.

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