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Piden a CSJ frenar incremento de 13 % a tarifa de energía

ANEP señala que el Gobierno no está autorizado para aprobar impuestos, solo los diputados de la Asamblea Legislativa. Además de que no hay un ente que controle los fondos recaudados.
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La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) presentó ayer una demanda de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra el decreto ejecutivo que reformó el artículo 67 de la Ley General de Electricidad para permitir un cargo adicional del 13 % a la tarifa de energía eléctrica. ANEP considera que el cargo es inconstitucional, debido a que a la Asamblea Legislativa le corresponde aprobar los impuestos y no al presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén.

“La única que puede aprobar impuestos a los salvadoreños es la Asamblea Legislativa. Es un impuesto que no ha estado en discusión por los diputados y eso violenta el principio de ley tributaria”, dijo el director de asuntos legales de la ANEP, Javier Argueta.

La gremial empresarial hizo referencia a que el artículo 131 de la Constitución de la República establece que le “corresponde a la Asamblea Legislativa decretar impuestos, tasas y demás contribuciones sobre toda clase de bienes, servicios e ingresos en relación equitativa”.

La ANEP pidió a la sala que detenga, como medida cautelar, el inicio del cobro programado a partir del 15 de julio, porque cree que se trata de un impuesto encubierto. “Básicamente es un IVA encubierto que los salvadoreños estarían pagando”, dijo Argueta.

El incremento es de $0.01 por kilovatio. Un hogar con un consumo de 180 kilovatios hora al mes tendría que pagar $1.80 adicional, aproximadamente.

ANEP establece en el documento de la demanda que el Gobierno violó el principio de caja única y control presupuestario, debido a que el dinero que se pague por este cargo pasará a las cuentas de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL).

Sin control

Normalmente los fondos recaudados con impuestos son manejados por el Ministerio de Hacienda. Luego, este se encarga de dividir el monto para salud y educación, entre otros. Sin embargo, en la demanda la ANEP señala: “No sabemos cuál será el destino de los fondos que pretenden recaudar a través del impuesto disfrazado de cargo, porque va por un fondo que no tendrá control legislativo”.

Por su parte, Luis Cardenal, presidente de ANEP, dijo que interponían la demanda “en defensa de la población salvadoreña ante los abusos de un Gobierno cuya voracidad por más recursos parece no tener límites”.

El Ejecutivo aprobó este cargo luego de que el banco alemán KFW congeló a CEL desembolsos por $33 millones para la ampliación de la presa 5 de Noviembre.

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