Piden a CSJ que declare ilegal Ley de Probidad

Principal argumento de demandantes es la eliminación del juicio civil que se estipula en el artículo 240 de la Constitución. Previo a una sentencia piden que se emita medida cautelar para no aplicar la ley.
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Proceso.  Representantes de todas las organizaciones que integran el equipo gestor acudieron a interponer el recurso de inconstitucionalidad.

Proceso. Representantes de todas las organizaciones que integran el equipo gestor acudieron a interponer el recurso de inconstitucionalidad.

Piden a CSJ que declare ilegal Ley de Probidad

Piden a CSJ que declare ilegal Ley de Probidad

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Representantes del equipo gestor de la nueva Ley de Probidad Pública, integrado por la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ), Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), Iniciativa Social para la Democracia (ISD) y la Universidad Francisco Gavidia (UFG), presentaron ayer una demanda de inconstitucionalidad sobre la normativa por considerar que viola lo que establece la Constitución de la República en relación con los procesos por el posible cometimiento de enriquecimiento ilícito.

De acuerdo con algunos de los representantes del equipo gestor, la nueva ley no contribuye a la lucha contra la corrupción en el país. Contrario a ello, aseguran se aprobó una normativa “sin dientes” y que significa un “retroceso” para el país.

“Nos parece que es una ley que constituye un grave retroceso. Nos pone en una situación peor que con la ley que fue derogada, la ley de 1959. Es una ley inconstitucional y nos parece que es preocupante que en el país se estén aprobando normas que violan la Constitución”, expresó Javier Castro, representante de FUSADES.

Uno de los argumentos del equipo gestor es que la Asamblea Legislativa aprobó el 16 de diciembre de 2015, en la última plenaria de ese año, una ley que elimina el juicio civil por posible enriquecimiento ilícito que tiene origen en la Constitución; específicamente en el artículo 240 de la Carta Magna salvadoreña.

“Eso nos parece un tema muy preocupante y por eso es que ahora estamos acá como grupo gestor pidiéndole a la Sala de lo Constitucional que declare inconstitucional la Ley de Probidad Pública principalmente porque está violando el artículo 240 de la Constitución”, agregó Castro.

Para Roberto Rubio Fabián, director ejecutivo de FUNDE, es importante que la ley sea declarada inconstitucional porque esta no solo quitó herramientas para proceder ante casos de posible enriquecimiento ilícito, sino que también busca que los funcionarios y exfuncionarios que son investigados por la Sección de Probidad no puedan ser enjuiciados.

“Los legisladores que aprobaron esto lo que buscan es no solo no darle dientes a la ley, sino cortarle la lengua y la boca. Lo que están buscando, y esto de alguna manera los convierte en cómplices, es evitar los juicios que se comenzaron en la Sección de Probidad”, dijo Rubio Fabián.

Medida cautelar: que no se aplique

Ante esa posibilidad, los integrantes del equipo gestor solicitaron a la Sala de lo Constitucional que para mientras emiten una resolución definitiva sobre la demanda, dicte una medida cautelar para que la ley actual aprobada por la Asamblea y sancionada por el presidente Salvador Sánchez Cerén antes de la Navidad de 2015 no pueda ser aplicada.

Según Claudia Umaña, de la Fundación DTJ, las acciones que realizan como equipo gestor no tienen motivaciones políticas, sino que hacer que la corrupción en el país se vaya erradicando. “La corrupción es un tema complejo porque no tiene que ver con ideologías, no tiene que ver para nada con el Estado de derecho, sino que lo que uno persigue es que a través de la legislación cada vez vayamos mejorando los mecanismos para que los portillos de la corrupción se vayan acabando”, expresó Umaña.

Javier Argueta, en representación de la ANEP, enumeró las consecuencias que se pueden tener en el país si la sala no frena la aplicación de la ley. Incluso la mayoría de partidos políticos en la Asamblea Legislativa apoyan la demanda que interpuso el equipo gestor (lea la nota secundaria).

“De no suspenderse la aplicación, se van a parar todos los juicios que ya se tienen en camino y que se manden a la Cámara de lo Civil; de no suspenderse, se puede distribuir más el tema de la corrupción; de no suspenderse la ley, le hemos dicho a la sala que va a causar un daño inminente a la sociedad y los fondos públicos”, expresó Argueta.

critican sanción del presidente

Ayer también se conoció la postura del Consejo Nacional de la Pequeña Empresa de El Salvador (CONAPES) en la que critican la decisión del presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, de sancionar la Ley de Probidad Pública, que sustituye a la de 1959, que es con la que actualmente se procesa a un diputado y a otro exfuncionario de gobierno. Según un comunicado de prensa de CONAPES, “la CSJ no tolerará el encubrimiento de la corrupción, ni la ciudadanía”.

Sánchez Cerén sancionó la Ley de Probidad sin informarlo y se mandó a publicar en el Diario Oficial antes de la Navidad de 2015.

El secretario de Comunicaciones, Eugenio Chicas, negó en un principio que la normativa ya había sido sancionada y dijo que aún seguía en estudio del equipo jurídico. Tras difundirse un documento del Diario Oficial en el que se mostraba lo contrario, Chicas reconoció su error.

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