Piden a Fiscalía investigar empresa Green Energy

El Juzgado Ambiental de San Salvador le había ordenado a la FGR investigar  el posible delito de la empresa en 2020.

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Apoyo.La Mesa Territorial del Foro del Agua del Río Jiboa llegó a la FGR a acompañar la denuncia de los habitantes.

Apoyo.La Mesa Territorial del Foro del Agua del Río Jiboa llegó a la FGR a acompañar la denuncia de los habitantes.

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Habitantes de la Comunidad La Longaniza de San Juan Nonualco, en La Paz, llegaron ayer a la Fiscalía General de la República (FGR) para exigirle al fiscal general Rodolfo Delgado que proceda a iniciar investigación contra la empresa GREEN ENERGY S. A. de C. V. por el posible cometimiento de desobediencia de particulares y en cumplimiento a la orden del Juzgado Ambiental de San Salvador emitida desde octubre de 2020.

La denuncia estuvo respaldada por la Mesa Territorial del Foro del Agua del Río Jiboa, para señalar la sobreexplotación de la laguna, destrucción y usurpación de la tierra y la perforación de pozos en los alrededores de la zona del municipio El Pital. 

El 25 de junio de 2018, la ADESCO de la Comunidad La Longaniza, como miembro de la Mesa Territorial de la Cuenca del Río Jiboa, presentó una denuncia por los hechos, actos y omisiones que han producido el agotamiento de los terrenos. Esta fue admitida por el Juzgado Ambiental de San Salvador ordenando el proceso de medidas cautelares a la empresa GREEN ENERGY S.A. de C.V., de acuerdo con la acusación de la comunidad.

Estas medidas consistían en demostrar las áreas de tierra cultivadas así como la autorización para ello. Asimismo, informar sobre los pozos de uso actual y cuántos fueron perforados, en su momento. También requerían a la empresa presentar las Cartas de no Afectación de ANDA, el permiso de riego del MAG y permiso ambiental de los procesos que se estaban realizando.

Dichas órdenes fueron emitidas por el Juzgado Ambiental de San Salvador en 2019 por las cuales la empresa no se pronunció respecto al cumplimiento de estas. Finalmente, en octubre de 2020, el juzgado ordenó certificar a la FGR para que investigara la comisión del delito de desobediencia de particulares.

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